En rigor, la mayoría de los legisladores consultados por LA NACION se enteraron de la existencia del decreto cuando se los inquirió al respecto. La medida se dictó en medio del fragor de la campaña, cuando lo único que les interesaba era su desempeño personal y el de su partido en las elecciones presidenciales. El decreto 1344 despabiló a la oposición de la modorra legislativa en la que se hallaba sumida y, aunque tardíamente, calificó la medida de "disparate jurídico".
En el oficialismo prefirieron el silencio. Salvo la diputada Conti: "Es una medida no sólo razonable, sino también necesaria", elogió la presidenta de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
"El Poder Judicial y el Poder Legislativo se nutren del presupuesto nacional; no son autárquicos: ambos poderes se dirigen al Poder Ejecutivo cuando, por ejemplo, reclaman mayores partidas para su funcionamiento. Que la Sigen, que es un órgano de contralor interno del Poder Ejecutivo, audite en qué se gastan esas partidas que distribuye el Tesoro no sólo me parece razonable, sino necesario", justificó la legisladora.
"Es un disparate total", fustigó desde la otra vereda el diputado Federico Pinedo (Pro-Capital), que no podía creer lo que leía: "Ni el Congreso ni el Poder Judicial forman parte de la administración central, no tienen como jefe al presidente Néstor Kirchner ni responden al jefe de Gabinete. Es un absurdo, una barbaridad. Es a todas luces inconstitucional".
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