Nunca desde la reapertura democrática de 1983 un presidente de la Nación asumió sus funciones con una cuota de poder semejante a la que, al menos en un principio, gozará Cristina Fernández de Kirchner.
Las mayorías numéricas que tendrá la futura jefa del Estado en la Cámara de Diputados y el Senado no las ha tenido ningún presidente en el citado período de 24 años.
Muchos se preguntan si, con esas mayorías absolutas, Cristina Kirchner necesitaba los controvertidos superpoderes, facultades legislativas que los parlamentarios le concedieron al Poder Ejecutivo, y la prórroga de la ley de emergencia económica, que la semana próxima seguirá tratando el Poder Legislativo.
En un país que viene creciendo a tasas cercanas al 9% en los últimos años y que canceló anticipadamente su deuda con el FMI, ninguna ley de emergencia económica parece necesaria y ninguno de sus fundamentos, creíble.
Pero hay algo que llama más la atención. Es el hecho de que la presidenta electa reclame del Congreso la prórroga de esa norma de excepción, cuando ella, siendo legisladora nacional, se opuso a concederle esos poderes especiales al presidente Eduardo Duhalde a principios de 2002, un año en el que nadie podía negar las circunstancias de emergencia económica, social y política. Curiosamente también, Cristina Kirchner se abstuvo de votar las prórrogas de aquella ley, incluso durante el gobierno de su esposo.
Ayer, el proyecto de prórroga de la emergencia económica fue aprobado en comisión en la Cámara de Diputados e introducido no sin ciertas picardías por el oficialismo en el plan de labor parlamentaria para la sesión del próximo martes. La continuidad de esa norma pensada para tiempos muy diferentes de los actuales, entre otras cosas, le permitirá al Poder Ejecutivo renegociar concesiones, tarifas y marcos regulatorios con las empresas de servicios públicos privatizadas.
Las señales de continuidad siguen siendo mucho más fuertes que las de cambio. A la permanencia de los superpoderes y, probablemente, de la emergencia económica, la inminente sanción del presupuesto 2008 añadirá la costumbre kirchnerista de subestimar las metas de crecimiento económico, para que la mayor recaudación sea discrecionalmente decidida por el Poder Ejecutivo sin intervención parlamentaria.
Es que si algo tienen claro Néstor y Cristina Kirchner, incluso desde que el primero gobernaba la provincia de Santa Cruz, es que la principal fuente de poder real es la caja del Estado. De allí su obsesión por asegurarse el superávit fiscal, aunque ahora no por la vía de la contención del gasto público, sino por una mayor presión sobre los sectores exportadores, a través de crecientes retenciones.
En sus declaraciones públicas, la presidenta electa parece tener claro que la inflación se debe combatir con más inversiones. Pero los últimos actos del gobierno nacional no están generando el clima ideal para los inversores. Algunas cifras valen más que mil palabras: según el estudio Broda, en el primer semestre de 2007, la inversión extranjera directa creció en Brasil el 183% y en Chile, el 62%; en la Argentina, cayó el 51 por ciento.
Fuente: La Nación.
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