La UCR reclama por los fondos

Por Laura Serra | LA NACION Pese a que el último acuerdo fiscal con las provincias finiquitó el último día de 2005, el Gobierno continúa reteniendo el 15% de la precoparticipación para destinarlo a la Anses. Desde entonces, la gestión de Cristina Kirchner concentró bajo su manejo exclusivo casi $ 70.000 millones que le ceden las provincias y, lejos de dar marcha atrás, prorrogó hasta 2015 este mecanismo de detracción. Lo hizo en 2010 por medio de un decreto de necesidad y urgencia. El radicalismo denunció que esta prórroga es ilegal, pues los acuerdos fiscales entre la Nación y las provincias deben consumarse sólo por ley y luego ser ratificados en las legislaturas distritales. El DNU es, a todas luces, ilegítimo, acusaron los diputados Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical; el cordobés Oscar Aguad y el santafecino Jorge Alvarez, quienes exhortaron a los gobernadores a que realicen las correspondientes denuncias ante la Justicia, como ya lo hizo Santa Fe. Según un estudio que realizó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que preside Nadin Argañaraz, esta detracción del 15% de la precoparticipación correspondiente a las provincias les sumó casi 20.000 millones de pesos a las arcas nacionales el año pasado. Una suma nada despreciable que engrosó el poder de domesticación por parte del Gobierno a las provincias. DISCUSIÓN PENDIENTE "Es imperativo volver a discutir la distribución de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias. Estas detracciones que ejecuta el Gobierno de recursos que son de las provincias para la Anses se realizan sin basamento legal. Me sorprende con qué facilidad los gobernadores kirchneristas han declinado su autonomía y dejaron de defender a sus provincias", sostuvo Gil Lavedra. El jefe del bloque radical asesora legalmente al gobierno de Santa Fe en el planteo que realizó ante la Corte Suprema por este tema. Aguad, en tanto, insistió en que la Nación debería devolverles a las provincias siete años de detracción ilegal de sus recursos. "Con el silencio y la anuencia tácita de los gobernadores, la Nación se apropia de fondos que no le corresponden: la Nación no sólo le quita casi $ 2000 millones anuales para cederlo a la Anses, sino que ni siquiera cumple con el acuerdo para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones provincial, que llega a los 1800 millones", enfatizó. Alvarez insistió en que el DNU que prorrogó hasta 2015 el acuerdo fiscal con las provincias debería ser derogado. "La Constitución establece que el Poder Ejecutivo no podrá emitir disposiciones de carácter legislativo y que los DNU no pueden referirse a materias tributarias."