Por Adrián Ventura | LA NACION
"Libertad de expresión", "diálogo político", "consenso", "derecho a disentir". Son expresiones básicas del vocabulario democrático. Sin embargo, en esta particular democracia argentina, son insumos escasos, y, por eso, cuando los reclama el presidente de la Corte, parecen cobrar mayor relevancia.
¿En qué piensa Ricardo Lorenzetti cuando dice que el Estado no debe perseguir a quien piensa distinto?
Naturalmente, cuando él aplica esa idea a la época del terrorismo de Estado, está condenando la violencia física, la supresión de las ideas.
Pero Lorenzetti habla durante un gobierno democrático y lo que parece criticar, entonces, es el discurso único, la verdad única que se derrama desde una posición de poder, que debe ser aceptada por el resto de la sociedad, a pie juntillas.
Lorenzetti es dueño de un discurso meticuloso, que le permite repasar todos los temas de la agenda política, pero encubriéndolos en un fraseo institucional. Le agrada la política, pero sabe que es un juez y no intenta salirse de ese rol. Sin embargo, utiliza las palabras exactas para que lleguen a la sociedad y mostrar sus preocupaciones.
En la Argentina ya no hay desaparecidos. No se suprimen ideas. Pero algunos sostienen que sí está suprimido el debate.
Algunos jueces cercanos al Gobierno insisten en que "en la Argentina cada uno puede decir lo que quiere". Pero, en estos días, quien disiente sufre agravios y descalificaciones.
Lorenzetti, cuando señala que los políticos se traban en conflictos, sin solucionar los problemas, ¿no está acaso diciendo que falta ese diálogo fructífero, que lleva a las soluciones? Dicen cerca del titular de la Corte que lo que él verdaderamente condena "son los excesos y los obstáculos al debate y a la libertad".
La Corte ya se pronunció en algunos casos importantes, defendiendo con fuerza la libertad de expresión y prohibiéndole al Gobierno distribuir la publicidad en forma arbitraria. Pero están pendientes otros asuntos igualmente graves.
Por ejemplo, la Corte tiene que decidir si acepta el pedido del Gobierno para aplicar la ley de medios al Grupo Clarín. En el tribunal las opiniones sobre ese asunto no son coincidentes. Pero cabe preguntarse: ¿por qué no quiere el Gobierno aplicar esa ley a otros grupos de medios amigos? ¿Discriminar en perjuicio de los medios críticos y beneficiar a los amigos no es una forma de perseguir?
La política también muestra sus límites, porque el Gobierno parece haber decidido que llegó el momento de clausurar el debate en varios ámbitos:
La Presidenta decidió no dialogar con el líder de la CGT, Hugo Moyano, y directamente busca su desplazamiento. Pero en el medio quedan los trabajadores, a tal punto que a la Presidenta no le pareció importante, en su último discurso, referirse a los reclamos laborales para subir el mínimo no imponible al impuesto a las ganancias.
Cristina Kirchner clausuró la negociación con Mauricio Macri y ambas partes recurrieron a la Justicia, en busca de una solución que no llega por la vía del diálogo. Pero en el medio de esta insólita pelea quedaron los usuarios, con graves sospechas sobre la seguridad del servicio.
El Gobierno también cerró la negociación con la Ctera y otros gremios de la educación. Tal vez está más interesado en imponer su posición y el relato oficial que en sentarse a arreglar un conflicto con gremios aliados que, además, perjudican a la educación, uno de los temas más delicados.
Es difícil saber si Lorenzetti pensó en todo esto cuando dio su discurso. Es difícil, también, imaginar que no haya pensado en esos problemas.
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