Ante la depredación de las reservas

La presidenta Cristina Kirchner anunció en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso el envío de un proyecto de ley destinado a modificar la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y a derogar los artículos todavía vigentes de la ley de convertibilidad. La iniciativa fue presentada por el oficialismo como una herramienta que permitirá desarrollar el crédito y propender al desarrollo con equidad social. Sin embargo, su verdadero fin es continuar depredando las reservas de la entidad monetaria y forzar a los bancos a prestarles sus fondos al Gobierno o a quienes éste indique.

Las consecuencias serán nefastas. La inflación continuará su ritmo ascendente, dañando a quienes menos tienen, a la vez que el capital de los bancos será consumido en aventuras de corte electoralista o para beneficiar a los amigos del poder. La estabilidad financiera, incluida como un nuevo mandato para el BCRA en el proyecto de ley, se encontrará jaqueada. Es que con el activo de los bancos ahora al alcance de la rapiña oficial, los depositantes tendrán nuevos motivos para desconfiar acerca del valor de sus ahorros.

Las modificaciones normativas propuestas son múltiples. En el plano dogmático se intenta modificar la misión primaria y fundamental de preservar el valor de la moneda por un mandato múltiple en el que se contemplan la "estabilidad monetaria", la "estabilidad financiera" y el "desarrollo económico con equidad social".

Tal reforma carece de sentido. El mandato actual del BCRA de preservar la moneda no implica en modo alguno que deba desentenderse la autoridad monetaria de las condiciones en las que se desenvuelve la economía. Y si este mandato hubiera sido todo lo restrictivo que nuestras autoridades suponen, ni la emisión de moneda habría crecido a un ritmo del 35% anual ni la inflación habría rondado el 25%. Incluir objetivos que tienen que ver con el desarrollo económico desnaturaliza por completo las funciones del Banco Central, que debe garantizar las condiciones monetarias y financieras para que el desarrollo con equidad se alcance por la vía de la mejora en la inversión pública y privada, una educación y salud de excelencia, la estabilidad en las reglas de juego, la política tributaria y la acción de los emprendedores, entre otros factores.

El proyecto de ley contempla la pérdida de independencia de la Superintendencia de Entidades Financieras, que pasa a estar totalmente controlada por las autoridades del Banco Central. Se elimina además la obligación del BCRA de presentar un programa monetario anual al Congreso y se fijan normas contables especiales para la autoridad monetaria, que ya no debe mantener una contabilidad homogénea con la de las entidades financieras públicas y privadas que operan en el país. Todas estas medidas van en el sentido que ha transitado el Gobierno durante sus ocho años de gestión. Verticalismo, discrecionalidad y falta de transparencia, que en el caso del Banco Central tendrá consecuencias muy palpables sobre la calidad de vida de los argentinos: bancos peor supervisados, menor estabilidad financiera y más desconfianza en el ente monetario, cuyos balances estarán ahora confeccionados a partir de una nueva y todavía desconocida contabilidad nacional y popular.

También se modifica el concepto de reservas de libre disponibilidad, incluido actualmente dentro de la ley de convertibilidad. En la nueva versión, las reservas de libre disponibilidad ya no equivaldrían al exceso de reservas por sobre la base monetaria, sino que pasarían a estar determinadas discrecionalmente por el directorio del Banco Central. Tales reservas excedentes podrán aplicarse al pago de obligaciones con organismos internacionales o con deuda externa oficial bilateral, mientras se mantiene vigente la figura del Fondo de Desendeudamiento, creado para la cancelación de deuda con acreedores privados.

En función de las actuales políticas vigentes y de los cambios normativos, continuará de aquí en adelante el deterioro de los ratios de cobertura de los pasivos monetarios. Las reservas internacionales, que en 2009 representaban un 150% del valor de la base monetaria, se encuentran en la actualidad en un valor cercano al 90% y las tendencias actuales, sumadas a los pagos previstos en el Fondo del Desendeudamiento, permiten prever una caída adicional de hasta el 70% de la base monetaria hacia fines de 2012. Si bien es cierto que, teniendo tipo de cambio flotante, la Argentina no está obligada a asumir un determinado nivel de cobertura de la base monetaria con reservas, conservar un elevado nivel de cobertura había permitido en años pasados mantener bajo control del ente monetario la fluctuación de la moneda aun en tiempos de inestabilidad financiera y a pesar de la pobre calidad de las políticas implementadas.

La imposición de los controles de cambios a partir de octubre pasado refleja en gran medida la imposibilidad de seguir utilizando las reservas para sostener la cotización del peso debido al deterioro en la relación entre reservas y pasivos del BCRA. En la medida en que el proyecto de ley propicia un deterioro adicional de dicha relación, nada bueno debemos esperar en relación con la evolución de la cotización del peso, la magnitud de los controles y la posibilidad del sector privado de realizar transacciones en un marco de alguna normalidad.

Junto con el anuncio de la reforma de la carta orgánica, el Gobierno anunció que no avanzaría con la reforma de la ley de entidades financieras, promovida por el diputado oficialista Carlos Heller. El archivo de esta iniciativa podría parecer un gran anuncio, ya que en ese proyecto se declaraba la actividad financiera como servicio público, a la vez que se imponían destinos específicos y tasas de interés máximas para los préstamos.

No obstante, el artículo 14 del proyecto de reforma de la carta orgánica autoriza al directorio del Banco Central a "regular las condiciones del crédito en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reserva, encajes diferenciales u otros medios apropiados". De tal manera que, una vez aprobado este artículo, el Banco Central podrá indicar a los bancos a qué sectores, a qué plazo y a qué tasa de interés otorgar sus líneas de créditos, incluso si son concedidos al propio sector público.

El Gobierno podrá recurrir así, como en su momento lo hizo con los ahorros del sistema jubilatorio a cargo de las AFJP, a una nueva caja para financiarse o favorecer a quienes le plazca. Y con un patrimonio de los bancos privados que suma 43.000 millones de pesos, la tentación de tomar una parte de él para continuar la fiesta pagada por otros será enorme. Todavía se está a tiempo de evitar este nuevo zarpazo intervencionista de nefastas consecuencias para el país.