Por Fernando Laborda | LA NACION
La respuesta del gobierno nacional a la tragedia ferroviaria ocurrida en la estación Once no fue otra que su propia victimización.
El primer indicador de esta estrategia, recurrente en el oficialismo, fue la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de instruir a Julio De Vido para que el Estado nacional se presente como querellante en la causa judicial abierta. De este modo, si la justicia federal accediera a su pedido, el Gobierno difícilmente podría ser investigado como presunto corresponsable de lo sucedido junto con el grupo concesionario de la ex línea Sarmiento.
El Gobierno busca así eludir cualquier costo político, equiparándose con las verdaderas y únicas víctimas de la masacre de Once, cuando en sus filas haya probablemente más de un potencial responsable de la tragedia.
Habrá más consecuencias políticas, seguramente. Desde la anulación de la concesión a la empresa TBA, del grupo Cirigliano, hasta la salida del ya impresentable secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, todo es posible.
El desgraciado hecho ocurrido, al igual que otros luctuosos acontecimientos evitables, es el resultado de un cóctel mortal: deterioro de los trenes, ineficacia en los controles e insuficientes inversiones.
La responsabilidad del gobierno kirchnerista en la tragedia es ineludible. Se ignoraron denuncias de la Auditoría General de la Nación y elementales demandas de los usuarios sobre el deterioro del servicio y de la seguridad ferroviaria y, por sobre todas las cosas, se mantuvo durante casi nueve años una política equivocada. Una política sustentada en un populismo que se advierte en la existencia de tarifas congeladas desde hace años frente a costos operativos y salariales que se multiplicaron. La compensación pasó por subsidios del Estado que sirvieron para paliar esos costos y vaya a saber qué otras cosas, pero no para hacer las inversiones de infraestructura indispensables.
La tragedia de la estación Once es el mejor ejemplo del fracaso de un capitalismo de amigos basado en la subsidiocracia.
Por lo visto, el Gobierno descargará en las próximas horas toda la responsabilidad en TBA, pese a que hasta anteayer tenía a los hermanos Cirigliano entre sus empresarios favoritos. Y la concesionaria buscaría responsabilizar al conductor del tren. Nadie hablará del fracaso de una política basada en la creencia de que se puede vivir con lo nuestro, que consolidó el atraso tecnológico, y en la discrecionalidad para favorecer a los empresarios amigos.
La victimización y la costumbre de echarle siempre la culpa al otro podrían llegar también al denominado "Boudougate", sólo que ante este escándalo los responsables para el Gobierno serán los "medios opositores". Frente a las campañas mediáticas, sólo cabe el silencio, de acuerdo con la estudiada estrategia oficial. Una actitud que ni siquiera permite explicar por qué se pensó en contratar a los nuevos dueños de la vieja Ciccone Calcográfica para imprimir 300 millones de billetes de cien pesos que la Casa de Moneda no tiene capacidad de producir, en lugar de imprimir billetes de 500 pesos sin recurrir a empresas amigas y a un costo infinitamente menor.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario