La medicina prepaga, en peligro

Nadie puede desconocer la necesidad de que el sistema privado de salud sea objeto de rigurosos controles y de mínimas regulaciones por parte del Estado, aun cuando esta actividad haya sido una de las pocas que en líneas generales mantuvieron su nivel de prestaciones pese a los vaivenes de nuestra economía.

Suena lógico que las autoridades nacionales procuren cuidar la calidad de los servicios de salud y proteger al usuario. Pero cuando el intervencionismo traspasa los límites de la razonabilidad, cuando las regulaciones y reglamentaciones se tornan inaplicables o incumplibles o cuando se obliga a las empresas del sector a perder dinero, es elemental que nadie podrá salir a la larga beneficiado.

Estas reflexiones vienen a cuento del proyecto de ley que propicia un nuevo marco regulatorio para la medicina prepaga y que próximamente estaría en condiciones de tratar la Cámara de Diputados, tras su aprobación por el Senado, en noviembre pasado.

La iniciativa contiene muchos aspectos perniciosos para la actividad que, en ciertos casos, podría conducir a la bancarrota del sistema.

En tal sentido, el artículo 10° del proyecto aprobado por la Cámara alta determina que los contratos entre las empresas de medicina prepaga y los usuarios no podrán incluir períodos de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el Programa Médico Obligatorio. También establece que las enfermedades preexistentes no podrán ser criterio de rechazo de admisión de los usuarios y que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud de la Nación, autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de quienes presenten esa clase de enfermedades.

Podría ocurrir, así, de acuerdo con el análisis efectuado por representantes de empresas de medicina prepaga, que una persona que durante años se atendió en el sistema público, frente a una enfermedad que requiera una internación o un tratamiento prolongado, decida en ese momento adherirse al sistema privado.

Al estar a cargo del Ministerio de Salud la fijación de los diferenciales que deberá pagar la persona enferma para ser atendida en una compañía de medicina prepaga, este adicional sería idéntico para todas las empresas, por lo cual los enfermos irían mayoritariamente a aquellas que ofrezcan los mejores servicios y sanatorios.

Tarde o temprano, los costos derivados de esta ecuación podrían terminar quebrando el sistema y afectando más todavía a las empresas prepagas que brinden mayor calidad de servicio.

Otro aspecto cuestionable del proyecto es que propicia que la autoridad de aplicación autorice el aumento de las cuotas de los planes de salud cuando éste se halle "fundado en variaciones de la estructura de costos" y en un "razonable cálculo actuarial de riesgos". Este punto conlleva una enorme discrecionalidad por parte de los funcionarios que deberán evaluar los aumentos y los costos. No queda claro cómo incidiría el factor de la mayor o menor inversión en tecnología y en investigación por parte de cada empresa. Sí podría suceder que las prestaciones terminen nivelándose hacia abajo, disminuyendo costos para adecuarse a las pautas de aumento de cuotas establecidas por el Estado.

Seguramente habrá otras maneras de defender a los usuarios del sistema sin impulsar mecanismos que puedan conducir a una baja en la calidad de las prestaciones o, directamente, a la quiebra del sistema de medicina prepaga. Una ley moderna podría contemplar servicios parciales, como por ejemplo la posibilidad de que el afiliado opte por una cobertura sin servicios de odontología, a fin de abaratar la cuota sin por ello ver disminuida la calidad de los restantes servicios.

Las múltiples dudas y críticas que en el sector ha provocado el proyecto que se tramita en el Congreso exigen la revisión de la iniciativa y un análisis profundo con la participación de expertos, que evite que el remedio termine siendo peor que cualquier enfermedad.