En su larga lucha contra la prensa independiente, el gobierno kirchnerista ha empleado todo tipo de recursos, siempre arteros, siempre sucios, y uno de ellos ha sido el de retacear o directamente negar publicidad oficial a aquellos medios que no se han convertido en sus voceros.
Esta aberrante política, que emplea como premio o castigo el manejo discrecional de fondos que no le pertenecen al Gobierno sino al Estado, ha llevado, en algunos casos, al cierre de publicaciones, como ocurrió el año pasado con el diario Crítica de la Argentina .
En este sentido, una de las empresas más castigadas por el kirchnerismo ha sido la Editorial Perfil, especialmente sus revistas Noticias y Fortuna y el bisemanario Perfil , publicaciones que se han visto excluidas durante años de la pauta publicitaria oficial.
Esa discriminación se remonta a los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y forzó a la empresa a plantear una demanda judicial que, luego de cinco años, ha merecido un trascendente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que, reconociendo la arbitrariedad cometida, ha ordenado al Gobierno incluir a las publicaciones de Editorial Perfil en la pauta publicitaria oficial.
En una decisión unánime, la Corte ha intimado al Estado a que "en un plazo de 15 días disponga la distribución de publicidad respetando un equilibro razonable con otras de análogas características".
No cabe duda de que la sentencia es histórica. Pero también es triste, y revelador de los abusos del kirchnerismo, que sea preciso recurrir al máximo tribunal de la Nación para obligar a un gobierno a cumplir, simplemente, con su deber.
La misma Corte produjo un precedente en 2007, cuando condenó al gobierno de Neuquén, entonces a cargo de Jorge Sobisch, por haberle retirado la pauta publicitaria al diario Río Negro.
El caso de Perfil muestra, una vez más, el perverso manejo que se lleva a cabo con la publicidad oficial, porque así como hay castigados, hay también premiados que, no por casualidad, son los medios adictos al Gobierno. Se trata, por ejemplo, de aquellos que integran el Grupo Szpolski, que incluye los diarios Tiempo Argentino, El Argentino y Miradas al Sur, el canal CN23 y las revistas Veintitrés y Newsweek , entre otras publicaciones, o del caso del diario Página 12.
Esos medios se caracterizan por tener escasa cantidad de lectores y audiencias, pese a lo cual perciben cifras sensiblemente superiores en materia de publicidad oficial que las de medios independientes con ventas significativamente mayores. En el segundo semestre del año pasado, los medios del Grupo Szpolski percibieron 49 millones de pesos y Página 12 casi 21 millones, mientras que La Nacion recibió 5,8 millones y Clarín 15 millones.
No menos sorpresa causa el hecho de que el Canal 9 facturara 23,7 millones durante el segundo semestre del año pasado, mientras que Canal 13, que triplica en rating al 9, recibiera 5,5 millones en el mismo período.
El criterio del kirchnerismo para distribuir la publicidad oficial no es otro que el grado de afinidad de cada medio o programa de televisión con el Gobierno.
El poder de llegada al público prácticamente no cuenta, lo que permite advertir que estamos ante una posible malversación de fondos públicos, que se dirigen a recompensar a quienes sean más susceptibles de favorecer a quienes ocupan funciones gubernamentales.
Se trata de una clara confusión entre los recursos del Estado nacional, que pertenecen a todos los argentinos, y el patrimonio personal de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo.
Queda por ver si el Gobierno acatará, como tiene que hacerlo, el fallo de la Corte. No deberíamos ser demasiado optimistas al respecto si recordamos que desde el oficialismo ya se ha desobedecido al máximo tribunal cuando éste ordenó reponer en su cargo al ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, al tiempo que se ha hecho caso omiso a numerosas sentencias judiciales favorables a una recomposición de los haberes jubilatorios.
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