viernes, 5 de marzo de 2010

El Estado ya recauda más del 33% del PBI, cuando históricamente la carga fiscal era del 21%.

El conflicto por el uso de las reservas se ha agudizado de tal manera en los últimos días que debemos preguntarnos si estamos entrando en el camino de una reversión autoritaria. De hecho, la Presidenta anunció ayer que prefería desconocer a la Justicia (que congeló el uso de esos fondos) si eso implicaba evitar la condena de la historia (por pagar tasas altas de interés). Y Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, afirmó que "se seguirá gobernando no mirando al Congreso, sino a los argentinos". Vale decir, el Poder Ejecutivo pretende avanzar en sus planes como si la legitimidad de origen que obtuvo Cristina Kirchner en 2007 la habilitara a desconocer la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que establece la Constitución nacional.

La trama de esta crisis tiene naturalmente núcleos de tensión económicos. El desendeudamiento no es una virtud, sino una necesidad: el Gobierno carece de credibilidad para conseguir financiamiento y por eso debe recurrir a las reservas. Una de las principales causas de la desconfianza es la grosera manipulación de las estadísticas del Indec y la paralela negación de la inflación. Y no queda espacio para más impuestos, pues el Estado ya recauda más del 33% del PBI, cuando históricamente la carga fiscal era del 21%.

Sin embargo, el peso relativo de los problemas políticos es claramente mayor. El liderazgo de los Kirchner siempre se basó en la expansión del gasto público: como buen ex intendente, el ex presidente concibe la política como la sucesión de anuncios de obras públicas que, supuestamente, traen votos y apoyo popular. Al mismo tiempo, la centralización del gasto público facilita la disciplina de sus ex colegas gobernadores e intendentes, dirigentes sindicales, empresarios prebendarios, líderes piqueteros... De este modo, a pesar de la invocación al "modelo", la única ideología del kirchnerismo es el poder, que requiere mucha plata y que se expone (y reproduce) gracias al conflicto. ¿Qué pasa si hay restricción de dinero? Cruje todo el sistema de poder K.

El segundo problema político deviene de la concepción de la democracia que predomina en el matrimonio presidencial. Se trata de una versión sesgadamente cesarista de la tradición nacional-popular, de largo arraigo en nuestra cultura política: el presidente, gracias a la legitimidad popular, tiene derecho a imponer su visión al margen de lo que opinen las minorías eventuales y, llegado el caso, las mayorías contingentes, estén o no representadas en el Congreso. La versión K del "ramal que para, ramal que cierra" tiene una extensión peculiar, prácticamente inédita en la Argentina: pretende desconocer no sólo al Poder Legislativo, sino también al Judicial. Existen antecedentes de intervención federal a la Justicia (lo hizo Perón en Córdoba en 1954). ¿Querrán los Kirchner retornar a los años dorados también en este aspecto? ¿Habrán sus funcionarios de aceptar mansamente el creciente número de demandas penales que sin duda irán acumulando? ¿Qué será de los Kirchner y su modelo cuando ellos deban seguir afrontando los costos personales y económicos de esos juicios?

El tercer problema político es el más intrigante. Varios países latinoamericanos han sufrido en los últimos años una profunda erosión de sus sistemas democráticos: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, por supuesto Venezuela. Algunos analistas consideran que la activa "cooperación" del régimen de los hermanos Castro con Hugo Chávez representa un síntoma determinante de regresión autoritaria, lo que explica la huida de numerosos dirigentes hasta hace poco identificados con los ideales de la revolución bolivariana.

La Honduras de Zelaya, ese espejo lejano en el que tan obsesivamente se mira Cristina Kirchner, era también un caso típico de retroceso autoritario: se desconocían decisiones claves de la Justicia y del Congreso para posibilitar un plebiscito que habilitara la reelección presidencial, prohibido por la Constitución. En todos estos casos hubo un acoso a la libertad de expresión. Hasta aquí, la Argentina podría perfectamente sumarse a esta categoría de países.

Pero todos ellos tienen en común la popularidad de sus líderes y su capacidad para ganar elecciones, en algunos casos con márgenes notables (como Evo Morales o Rafael Correa). En cambio, a pesar de que intenten negar el resultado, los Kirchner han perdido las elecciones de junio pasado y, sobre todo, una mayoría de la opinión pública tiene una pésima imagen de ellos, de su gobierno y de sus políticas.

Más aún, durante el conflicto con el campo e incluso en la batalla legislativa contra los medios de comunicación, el Gobierno utilizó repetidas veces el recurso de la movilización popular. Es probable que un buen número de participantes no hayan asistido de forma voluntaria. Sin embargo, eran demostraciones de fuerza importantes por el número y por la presencia de dirigentes políticos, sindicales y sociales, sobre todo del conurbano. Muchos gobernadores también solían viajar a Buenos Aires para no perderse la foto.

¿Qué ha pasado en esta crisis de la reservas que no ha habido un solo acto público de apoyo a la Presidenta? Puede argumentarse que la gesta de pagarles a los tenedores de bonos de la deuda no es un motivo particularmente atractivo para participar de una movilización. Pero también que hay cierta fatiga o desgano entre quienes siguen perteneciendo al "mundo K" para defender a este gobierno.

En estos 26 años de vida democrática hemos atravesado conflictos agudos, como la hiperinflación (1989-1990) o la crisis de la convertibilidad (2001-2002). En esos casos, fueron crisis de raíz esencialmente económica que producían vacíos de poder político. Una vez resueltos, la política parecía recobrar los equilibrios básicos, aunque con un creciente desgaste para los partidos políticos y sus líderes. Esta vez, el contexto económico no es para nada malo: hay crecimiento, una perspectiva muy razonable en materia de exportaciones, suficientes reservas para frenar una eventual corrida.

Quiebres democráticos
Juan Linz, el notable politicólogo español, desarrolló en su libro El quiebre de los regímenes democráticos (Alianza, 1987), un modelo sobre cómo se desarrolla esta clase de conflictos. Hay tres elementos para destacar en función del caso argentino: primero, los problemas siempre los crean los gobiernos por la forma en la que enfrentan determinados desafíos y por su renuencia a pagar los costos políticos de eventuales soluciones; segundo, en la medida en que predominen las fuerzas moderadas dentro de la coalición de gobierno, hay esperanzas de evitar una crisis de gobernabilidad. Por el contrario, si predominan los sectores más radicalizados, esto dispararía un vacío de poder y un eventual derrumbe del gobierno; tercero, las estrategias y conductas de la oposición son fundamentales para evitar que escale el conflicto. Si predominan actitudes agresivas (que pueden comprenderse en el contexto de las disputas de poder), aumenta la probabilidad de galvanización de la crisis. Es decir, de un episodio de profunda crisis institucional.

En consecuencia, los riesgos de que este conflicto derive en una regresión autoritaria y luego en un episodio de discontinuidad institucional son cada vez más grandes. Esto no implica repetir la experiencia hondureña: en la Argentina existen procedimientos institucionales como el voto de censura al jefe de Gabinete, su remoción y eventualmente el juicio político a la presidenta de la Nación.

Estamos a tiempo de evitar el peor escenario: no hubo hasta ahora hechos de violencia ni acciones que impliquen daños irreparables.

Sólo hace falta que impere el sentido común y predominen los moderados. Tanto en el oficialismo como en la oposición.
OpiniónEl riesgo de caer en una reversión autoritaria

Por Sergio Berensztein

lanacion.com | Política | Viernes 5 de marzo de 2010

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