Hay graves riesgos por delante sobre el sostenimiento de la paz social.

Se repiten cada vez con mayor frecuencia episodios de protesta que culminan en cortes de rutas, ocupación de espacios públicos o agresiones a las fuerzas del orden. En muchos casos, la importancia del reclamo no guarda proporción ni tiene relación con el método elegido. En general se busca la mayor repercusión pública aunque esto implique un grave daño para ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto.

Por cuestiones puramente locales se cortan autopistas o rutas importantes. De la misma forma, cualquier grupo que se siente afectado por alguna circunstancia organiza piquetes en puntos clave o toma edificios y fábricas. La acción de las fuerzas del orden se limita generalmente a aislar el área, no a remover al grupo accionante. Sin embargo, y a pesar de esa actitud pasiva, la línea policial suele ser agredida no sólo de palabra, sino también físicamente, con piedras y elementos contundentes. La imagen es de violencia desbordada y ofrece muchas veces un espectáculo casi humillante para las fuerzas del orden.

La impunidad de quienes emplean la violencia como método se muestra abiertamente cuando marchan cubriendo sus rostros y portando palos. El propósito amenazante y la transgresión ya comienzan con estas actitudes.

Hay un conflicto social creciente y es importante analizar las razones. Debe decirse en primer lugar que durante las gestiones de Néstor Kirchner y su esposa hubo un permanente aliento implícito a la violencia a partir de un discurso basado en la retórica de amigos y enemigos. El clásico argumento populista de arrogarse la defensa del pueblo frente a quienes presuntamente operan contra sus intereses se nutrió durante la era Kirchner de fuertes acentos confrontativos. Se apeló recurrentemente a teorías conspirativas, identificando con nombre y apellido a supuestos operadores, calificados alguna vez de "destituyentes". Paralelamente, ese mismo discurso oficial creó un clima reprobatorio sobre las fuerzas de seguridad y sobre toda otra institución que use uniforme. Se empleó el término represor para todo agente del orden que quiera cumplir con sus funciones. Se limitaron las atribuciones de la policía para actuar frente a delitos evidentes y los jueces han actuado con temor frente a hechos de violencia pública, generalmente tarde y más frecuentemente nunca.

Las voces gubernamentales trataron de enmarcar estas actitudes sentando el falso principio de que "no se debe criminalizar la protesta social". Esta filosofía, de claros rasgos ideológicos, se aplicó también al desconocimiento de las jerarquías, cuando no a su completa inversión. Por ejemplo, se contempló con simpatía la toma de escuelas por los alumnos, así como la acción hostil de activistas universitarios sobre profesores y autoridades.

En definitiva, desde el propio gobierno se fueron creando las condiciones para la ruptura de la paz social aun en tiempos en que las circunstancias económicas favorecían la creación de empleos y el mejoramiento en los ingresos de los más necesitados luego de la severa crisis de 2001 y 2002. Con el cambio adverso de esa situación y el aumento actual de la pobreza, se hace evidente que el uso de la confrontación y el odio como instrumentos de poder potencia el riesgo de respuestas violentas frente a los nuevos conflictos sociales.

Es imperdonable que la Presidenta continúe exponiendo una visión de la sociedad con los mismos enfoques confrontativos. Ahora son los ricos contra los pobres, los enemigos mediáticos contra el pueblo sometido a información tendenciosa, los secuestradores de goles contra un pueblo privado de ver su deporte favorito, entre otros enfrentamientos.

Parecería que siempre se trata de echar leña a un fuego que lamentablemente ahora encuentra motivos reales para reavivarse por sí mismo. La recesión económica es un hecho, así como el aumento del desempleo y de la pobreza. Ya los vientos externos no juegan tan a favor como en años pasados ni las arcas fiscales disponen de fondos como para atender necesidades sociales crecientes. Mientras los recursos impositivos se ven afectados por la caída de la actividad interna y del comercio exterior, el gasto público ha crecido en empleo burocrático clientelístico o en subsidios a empresas con tarifas congeladas.

Las cuentas públicas están en rojo y muchos gobiernos provinciales tienen dificultades para pagar sus sueldos. Hoy debe lamentarse la pérdida oficial de acceso al crédito internacional que podría aportar un paliativo a la situación social en esta emergencia. También debe lamentarse todo lo que el gobierno nacional ha hecho en estos años para destruir la confianza y desalentar la inversión. Hay graves riesgos por delante sobre el sostenimiento de la paz social. Deben encararse las políticas de fondo para revertir las actuales tendencias en la situación socioeconómica, pero sin más demora debe convocarse a la reconciliación y al esfuerzo conjunto detrás de objetivos unificadores.

Editorial IPreservar la paz

Es incomprensible que el Gobierno insista en usar el lenguaje confrontativo en lugar de tender puentes a la unión nacional

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lanacion.com | Opinión | Mi?oles 26 de agosto de 2009