Cualquiera dispuesto a prestarle un mínimo de atención al número de las bancas de diputados y senadores nacionales en disputa hubiera podido predecir, mucho antes del domingo 28 de junio, la pérdida, por parte del kirchnerismo, de sus holgadas mayorías parlamentarias y su derrota, a simple pluralidad de sufragios, en la Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En cambio, pocos, si acaso algún analista, estaba en condiciones de adelantar, con la misma seguridad, el porrazo del matrimonio gobernante en Santa Cruz y, sobre todo, esa verdadera ola social que lo sepultó en la provincia de Buenos Aires.
Antes de las elecciones era claro que el proyecto político del kirchnerismo -transparentado en el manejo monopólico de la sucesión- se hallaba astillado, sin remedio a la vista. Con posterioridad a los comicios recientes, el movimiento vertebrado en derredor del santacruceño -que obró como soporte de su administración y la de su mujer- ha dejado de existir. El campo, hace un año, poco más o menos, le infligió un revés de carácter estratégico. Las urnas, días atrás, lo enterraron de manera definitiva.
De resultas de lo dicho, se ha producido un vacío de poder explicable menos por la naturaleza del kirchnerismo que por la constitución sociológica de nuestro país. Si entre nosotros las instituciones se desenvolviesen normalmente, como de suyo ocurre en toda república democrática sólida, el tropiezo del Gobierno en unas elecciones legislativas, por importante que resultara, no habría sido traumático. Pero en razón de la inexistencia de un tinglado institucional consolidado, en la Argentina el poder ha tendido desde antiguo a concentrarse de manera excluyente en el presidente -las más de las veces- o en quien maneja, por fuera del marco normativo, la administración de las políticas públicas, como es el caso de Néstor Kirchner a partir de la asunción de Cristina Fernández.
En resumidas cuentas, la debilidad de las instituciones ha venido a cubrirse, de sesenta años a esta parte, con la aparición de hombres providenciales que, mientras reivindiquen con éxito el ejercicio del poder llevado a su más alta expresión, tienen asegurado un liderazgo hegemónico. Claro que, cuando ese poder se evapora, las crisis que sobrevienen difícilmente admiten mediaciones de carácter institucional. ¿Las razones? Vayamos a cuentas.
El arco opositor no encuentra basamento en partidos cuya vigencia formal no alcanza a maquillar su condición de cáscaras huecas de contenido, sino en personalidades singulares, capaces de expresar, en un momento crítico, a la opinión pública. Empresa vana sería, en esta circunstancia, apelar al peronismo, a la Unión Cívica Radical, a Pro o a ARI. Podrán acompañar el proceso, pero no ser actores decisivos. Lo mismo sucede con las dos cámaras parlamentarias y la Corte Suprema de Justicia. Gozan, sin duda, de la majestad que les confiere toda arquitectura republicana, pero, como contrapartida, hacen las veces de cartón pintado o son furgones de cola cuando se trata de hacer resucitar el poder.
Nos hallamos en una de esas encrucijadas que han sido comunes, desde mediados del siglo pasado, en las cuales el eclipse del centro del poder de turno requiere otro con capacidad para reemplazarlo. Su reconstrucción, en estos momentos, no es tarea sencilla, en virtud de que a la debilidad extrema de las instituciones -fenómeno estructural y de larga data- y a la desaparición de los partidos -reemplazados por líderes ocasionales- se le suma la poca envergadura de los poderes fácticos.
La transición entre una fuerza dominante -la del kirchnerismo- barrida del mapa y la que, tarde o temprano, surgirá por necesidad física, plantea el interrogante de cómo gerenciará la cosa pública el gobierno de ahora en adelante.
Porque el estilo, las formas y la estrategia que durante los últimos seis años impuso a su administración y a la de su mujer el político santacruceño carecen hoy de andadura. Repetirlos como si nada hubiese sucedido entre la disputa con el campo y el veredicto de las urnas del 28 de junio sería una tarea condenada de antemano al fracaso, no tanto en virtud de su prepotencia como en razón de su impotencia.
La esencia del poder hegemónico, armado a partir de instituciones endebles y hombres fuertes -que, eventualmente, puede obrar como reaseguro del orden en épocas de anarquía- tiene dos consecuencias funestas: en su apogeo, subordina las leyes a su capricho y en su desfallecimiento obliga a dar un salto al vacío, de consecuencias impredecibles. No significa, lo escrito antes, que el desflecamiento del poder kirchnerista derive, inevitablemente, en una crisis de gobernabilidad.
Con todo, la posibilidad de que algo así suceda no puede descartarse, ni mucho menos. Entre otras razones, porque en lo que llamamos América del Sur, al tiempo de desaparecer los golpes militares hicieron su irrupción en el escenario político las asonadas civiles, producto de la tendencia a la acción directa de grupos de presión o multitudes no contenidas por institución alguna.
Por delante, no se recorta la sombra ominosa del caos. No hay razón, pues, para considerar seriamente un escenario de catástrofe. Sin embargo, la licuación del poder kirchnerista deja al Gobierno en una situación delicada -herido como esta luego de la estruendosa derrota del oficialismo en el plebiscito que forzó Néstor Kirchner, sin necesidad, en la provincia de Buenos Aires- y lo compele a hallar a la brevedad una nueva fuente de poder capaz de sostenerlo.
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