Superado el acto eleccionario, volvieron a surgir cuestiones referidas a la gestión de gobierno que en buena medida habían quedado eclipsadas por los hechos políticos. La emergencia sanitaria, con sus urgentes requerimientos, constituye una prueba adicional para un Estado que hoy claramente debe desempeñarse con fuertes limitaciones en su capacidad de respuesta. La deficiente infraestructura sanitaria es sólo una muestra más del mal uso que se ha dado en los últimos años a los abundantes recursos públicos, que el Gobierno detrajo del sector privado como nunca antes lo había hecho.
Sin que una crisis tan inesperada como la de la gripe porcina lo ponga en evidencia extrema, son también suficientemente reconocidas las carencias para atender la seguridad, la educación, la Justicia, el hambre, las cárceles o el medio ambiente. Con algún alivio por la caída de la demanda provocada por la recesión, también hay insuficiencias en la generación de energía eléctrica y en otros servicios públicos.
Si se quisiera una prueba más clara de la necesidad de cambiar un modelo de gestión, debe mirarse el hecho insólito de una Argentina que se encamina a convertirse en importadora de carne, trigo, lácteos, gas y petróleo. La naturaleza no ha sufrido ningún cataclismo ni la sequía puede explicarlo, pero nuestro país apunta a dejar de ser el granero del mundo y un reconocido exportador de energía.
La proclamada inmunidad de la economía argentina respecto de la crisis internacional no sólo quedó desvirtuada por la realidad, sino que ya hay evidencias de que la recesión local tiene características más agudas que la del mundo desarrollado. La caída de la producción y del consumo en los primeros cinco meses alcanza un porcentaje superior al 10 por ciento sin que se visualice un cambio de tendencia. Este ciclo recesivo mostró sus primeras evidencias a mediados de 2008, un par de meses antes que se desatara la crisis en los Estados Unidos.
Es cierto que uno de los factores que nos afectaron fue la disminución de los precios de los productos exportables, pero en rigor la mayor parte del problema se originó en la caída de la confianza. La expansión permanente no es sostenible cuando cae la inversión, desaparece el equilibrio fiscal, la inflación real desborda los controles de precios, se multiplican las intervenciones abusivas y se acentúa la fuga de capitales.
Ya no hay viento de cola y tampoco sería suficiente si lo hubiera. Hay que instrumentar una política económica seria y desprovista de rasgos ideológicos que nos puedan llevar al desastre. La profundización del modelo kirchnerista tal cual ha sido presentada por el matrimonio gobernante en sus apariciones públicas luego de la derrota electoral es un ejemplo de esos rasgos.
La identificación de las ideas del grupo Carta Abierta como las inspiradoras de la nueva etapa ponen al país tras un modelo intelectual que se consume en la denuncia de un mundo visualizado como sujeto al dominio de los intereses espurios de los dueños del capital concentrado. La llamada "derecha", donde estos ideólogos ven agruparse esos intereses junto a la Iglesia, el periodismo independiente, el campo, las Fuerzas Armadas y vaya a saber qué sinarquías internacionales son, para ellos, el objetivo que debe ser vencido. Las políticas deben sujetarse en ese propósito. El capital privado y el mercado son vistos como instrumentos de esa "derecha", y las crisis y la pobreza se adjudican al llamado neoliberalismo. El populismo y la demagogia abrevan fácilmente de estas ideas cuyo fracaso económico y social y sus consecuencias totalitarias han sido reiteradamente demostrados por la historia.
La designación en el Ministerio de Economía del licenciado Amado Boudou, cuya formación profesional reconoce su paso por la ortodoxia económica del CEMA, no puede ser interpretada como un cambio posible en aquellas líneas del pensamiento oficial. Su enfático sostenimiento de la confiscación de los fondos de pensión y sus cartas a los jubilados indican o bien un giro de 180 grados en sus ideas previas o bien una sumisión absoluta a las imposiciones de la cúpula del Gobierno.
Las informaciones periodísticas que dan cuenta de la intención del flamante titular de la cartera económica de acercarse al FMI son más alentadoras. Pero no podrá obviarse que cualquier entendimiento con el organismo de crédito internacional no podrá excluir una profunda reforma en el Indec, para que las estadísticas oficiales vuelvan a ser creíbles.
La reactivación económica requiere recuperar la confianza para detener la fuga de capitales, y recuperar la inversión y el consumo. Debe terminarse con la manipulación de las estadísticas, con la corrupción y con las intervenciones autoritarias y destructivas. Debe restablecerse el crédito externo resolviendo las situaciones aún remanentes de default. Debe trabajarse estructuralmente sobre el exceso y la baja calidad del gasto público. Deben sustituirse los impuestos distorsivos y reducirse las retenciones.
Editorial ILos cambios que pide la economía
De la mano del diálogo, hay que instrumentar una política económica alejada del intervencionismo estatal
lanacion.com | Opinión | Domingo 12 de julio de 2009
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