No puede dejar de señalarse lo anómalo y preocupante de esta situación, a la cual nos referimos no hace mucho desde esta misma columna. Por desgracia, nada ha variado y el titular del máximo organismo de inteligencia del país, que debería cumplir con las delicadas tareas que le asigna la ley de inteligencia nacional, dedica buena parte de su tiempo a hacer de escolta del ex presidente, acompañarlo y asesorarlo en materia de proselitismo.
Podrá argumentarse que, por lo general, los presidentes eligen como máximo responsable de la Secretaría de Inteligencia a alguien de su confianza y con un perfil decididamente político. Así ocurrió durante los últimos gobiernos tras el retorno de la democracia. Y es también el caso de Icazuriaga, hombre de la máxima confianza de Kirchner desde sus tiempos de gobernador de Santa Cruz.
Pero lo que de ninguna manera puede admitirse es que el político que encabeza la Secretaría de Inteligencia muestre de manera tan evidente que no está a la altura de su función y se exhiba desenvolviéndose en menesteres completamente ajenos a los de la secretaría a su cargo.
Si a esa preocupante pérdida de tiempo en relación con la delicada misión que se le ha asignado se le suman recientes episodios que tendrían relación con la contratación de encuestas para ciertos candidatos amigos pagadas con fondos públicos de la secretaría, nos encontraríamos ante una posible malversación de fondos públicos. Recordemos, además, que el polémico piquetero Luis D´Elía reconoció haber negociado en la Secretaría de Inteligencia sus discrepancias políticas.
Icazuriaga no debe convertir a la Secretaría de Inteligencia en una unidad básica, porque ya bastante espantoso es el pasado y el presente de ese organismo como para rebajarlo aún más.
Debería, en cambio, contribuir al cumplimiento de la obligación internacional que asumió el Estado argentino, en el marco de la petición Nº 12.204, titulada "Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)", de transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, según lo planteado en la sesión del 4 de mayo de 2005 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se cristalizó en el decreto 812 del Poder Ejecutivo del 12 de julio de 2005.
Claro está que la práctica asignada al uso de los fondos reservados de la Secretaría parece indicar que nada ha cambiado y deja al desnudo que aquella obligación internacional, incumplida, constituiría un acto simplemente simbólico que rodea al peor atentado terrorista internacional, aún impune, sufrido por nuestro país. También, en tanto auxiliar de la Unidad Fiscal AMIA y de los funcionarios judiciales que investigan el atentado, debería contribuir al esclarecimiento del secuestro y de las torturas sufridas hace pocos meses por Claudio Lifschitz, ex prosecretario del ex juez Juan José Galeano. Lifschitz realizó graves acusaciones contra la entonces SIDE, como la de haber encubierto el atentado, y sufrió el secuestro luego de denunciar, entre otros, a la actual presidenta de la Nación.
Editorial ILa ex SIDE, una unidad básica más
No puede admitirse que quien encabeza la Secretaría de Inteligencia destienda su gestión por menesteres ajenos a su función
lanacion.com | Opinión | Mi?oles 24 de junio de 2009
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