Naturalmente esa posición ha sido expuesta por los Kirchner como un principio salvador y como una condición para hacer posible la creación de empleo, el crecimiento de la producción y la remanida redistribución de la riqueza.
Pero resulta claro que no hay ningún elemento en nuestra experiencia histórica ni de la del mundo que avale esa relación. La caída del Muro de Berlín fue el paradigma del fracaso de las economías centralmente planificadas, que exponían la inevitable ligazón entre la ausencia de libertades políticas y el avance del Estado sobre la economía. Los sacudones cíclicos de las economías de mercado no han invalidado históricamente, ni tampoco ahora frente a la actual crisis internacional, la convicción de que la mayor intervención del Estado como política permanente sólo puede traer desaliento a la inversión, retraso y corrupción.
La evocación de un Estado ausente podría no ser más que una expresión ideológica. Sin embargo, cabe la sospecha de que el avance del Estado sobre el sector privado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa esté ligado no sólo a una ideología, sino también a la satisfacción de intereses más concretos del poder.
LA NACION ha publicado una serie de notas y editoriales en las que se han expuesto numerosos casos de intervención del Gobierno sobre mercados o empresas a fin de inducir o facilitar su adquisición por grupos económicos amigos del poder. En diversas ocasiones la acción oficial se realizó a través de determinadas regulaciones que, sostenidas en el tiempo, consiguieron agotar la viabilidad del negocio, además de la paciencia de sus titulares. Se ha mencionado el caso de la venta de una participación importante de YPF a un grupo local, que según comunicaciones de la compañía, aportaría su experiencia en operar "en mercados regulados". Un claro reconocimiento corroborado en el hecho de que la compra se hizo con préstamos a devolver con futuros dividendos, prácticamente sin uso de capital propio. Los ejemplos se multiplican y suman también un manejo discrecional de contratos en el área de las obras públicas que favorecieron un notable crecimiento de empresas contratistas amigas del poder.
Un caso paradigmático fue el de la prórroga por 15 años de la concesión del juego en el hipódromo de Palermo, por medio de un decreto firmado por el presidente Néstor Kirchner poco antes de dejar el cargo, en diciembre de 2007. Se dispuso que en compensación por la prórroga, la empresa concesionaria se "obligaba" a instalar 1500 tragamonedas adicionales "atento a las necesidades del mercado lúdico". Una hipocresía llevada casi al nivel de la ironía.
El Estado al servicio de los amigos es la cara indisimulable de la corrupción. No es difícil imaginar que detrás de muchos de los negocios con contratistas y proveedores cercanos al oficialismo de turno, así como en los pagos de subsidios, la regla suficientemente conocida aunque no denunciada es la del pago de retornos a personeros de la administración.
La aparición del caso Skanska fue casi un hecho fortuito pero que parece reflejar sólo la punta del iceberg. Un hecho semejante parece el de laboratorios vinculados a la efedrina que efectuaron importantes aportes a la campaña electoral de la actual presidenta de la Nación, sospechados de ser una contraprestación por negocios espurios con el Estado.
Editorial IUn Estado para los amigos
La intervención gubernamental sobre empresas ha tenido como fin facilitar su venta a grupos cercanos al poder
lanacion.com | Opinión | S?do 20 de junio de 2009
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