El curso de las medidas adoptadas por los gobiernos y bancos centrales han respondido, en general, a la interpretación keynesiana del ciclo económico. Frente a la recesión y al desplome de los mercados accionarios y de los bancos, se instrumentaron con celeridad aportes gubernamentales en préstamos y capitalizaciones, reducciones de las tasas de interés, absorción de carteras morosas y ampliaciones en los programas de inversión pública.
La utilización para esos fines de fondos presupuestarios, que surgen del dinero de los contribuyentes, puso de inmediato en la discusión pública la cuestión del riesgo moral.
¿Por qué razón quienes no son culpables de lo ocurrido deben contribuir al salvataje de bancos, de compañías de seguros o grandes empresas? Si existen leyes específicas de concursos y quiebras, ¿no sería éste el mecanismo apropiado para que las consecuencias fueran absorbidas por los accionistas y acreedores de esas compañías que ahora necesitan ayuda?
La respuesta de los gobiernos es que si no se instrumentan estas ayudas habría un daño sistémico de proporciones aún mayores, con una pérdida masiva de empleos e incalculables daños sociales. La razón es válida y parece haber sido aceptada por todos los gobiernos, cualesquiera sean sus posiciones políticas o ideológicas. Algunas excepciones (dejar caer a Lehman Brothers) pusieron en evidencia, por sus consecuencias sobre el resto del sistema financiero mundial, que la teoría del caiga quien caiga, como la de la destrucción creativa del capitalismo expuesta por Schumpeter, implica riesgos de una magnitud que ningún gobernante está dispuesto a correr.
Sin embargo, es válido preguntarse si no hubo culpas identificables en banqueros, empresarios o funcionarios, sobre los cuales debiera caer alguna penalización. La cuestión y el contraste han sido más evidentes en los casos concretos del pago de millonarios bonus a directivos o gerentes de diversas entidades financieras que recibieron ayuda oficial. Un caso paradigmático fue el del arribo a Washington en jets privados de los presidentes de las empresas automotrices, que venían a solicitar la ayuda que les permitiera eludir la bancarrota. Probablemente ni los bonus ni el uso de jets fueran objetables moralmente en circunstancias normales. La objeción moral es que esos directivos no fueron capaces de percibir las circunstancias que los rodeaban y considerar los comprensibles sentimientos del ciudadano común frente a esos comportamientos. El presidente Obama actuó rápido y equilibradamente frente a esos deslices.
Se han oído en estos meses muchas voces de sectores muy críticos de la economía de mercado que ven en la crisis el fracaso y la caída del capitalismo. La presidenta de la República no se ha excluido de esa visión en el intento de destacar por contraste las bondades del modelo aplicado en la Argentina desde 2003. Sin entrar en esta cuestión de política doméstica, observamos que en el mundo hoy se discute cómo deberá evitarse en el futuro la repetición de burbujas y crisis con regulaciones y políticas adecuadas, pero no se cree que el socialismo y el colectivismo sean la solución. El Muro de Berlín, los gulag, Cuba o Corea del Norte son pruebas palpables de la incompatibilidad de esos modelos con la democracia y con las libertades políticas. El avance del chavismo frente a estas libertades, en su búsqueda del socialismo en Venezuela, expone al extremo del ridículo la efusiva alegría de un dictador que cree ver hoy la derrota del capitalismo.
Es justamente un análisis equilibrado y racional el que no sólo debe llevar al mundo a corregir las fallas que ha creado esta crisis, sino abarcar las cuestiones de orden moral sobre las que haya que hacer un examen de conciencia. La búsqueda del lucro no es inmoral y permite la innovación, así como la inversión y la creación de riqueza, pero siempre que no se constituya en un objetivo excluyente o se logre abusando de posiciones dominantes de mercado. La especulación es un instrumento beneficioso para amortiguar los ciclos de precios, pero siempre que no se intente destruir la capacidad productiva de competidores más pequeños. Las colocaciones de dinero en bancos o en bonos no son socialmente objetables, ya que permiten canalizar los ahorros individuales hacia las empresas que hacen inversiones en ampliaciones o tecnología. La cuestión moral puede plantearse en todo caso en quien recibe el dinero pactando condiciones que debiera saber que no podrá cumplir o en el que presta asumiendo un riesgo excesivo que no hace conocer a sus depositantes o inversores.
El aumento sostenido, pero artificial del precio de las propiedades llevó a otorgar masivamente créditos hipotecarios con garantías que, tarde o temprano, podían resultar insuficientes. Estas carteras se incorporaban a fideicomisos que emitían bonos, que eran a su vez colocados con calificaciones generosas, en bancos, fondos o individuos. El alto riesgo de cobro de los créditos originales se diseminó en un mundo globalizado a través de esos novedosos instrumentos financieros. Hubo imprudencia en quienes otorgaron los créditos originales sin analizar los riesgos futuros. Hubo negligencia inmoral en las calificadoras de riesgo y en quienes administraron los fideicomisos aceptando y transmitiendo esa calificación a los compradores de bonos. Y hubo impericia e imprudencia en los órganos reguladores de los sistemas financieros, que no supieron proyectar las consecuencias de las bajísimas tasas de interés que hicieron posible un crecimiento sostenido de las economías, pero alimentaron la burbuja y larvaron la crisis.
Editorial ILas cuestiones morales en la crisis global (I)
Existe un cúmulo de comportamientos que gobiernos, empresas e individuos deberán corregir para no trastabillar otra vez
lanacion.com | Opinión | Lunes 23 de marzo de 2009
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