La Nacion lo adelantó el 24 de noviembre: un decreto impulsado por la Superintendencia de Salud, a cargo de Juan Rinaldi, abogado del Sindicato de Camioneros, impedirá que los asalariados puedan dejar la obra social de su gremio. La norma se publicaría esta semana, siempre que la superintendencia, la Secretaría Legal y Técnica y la AFIP superen el enredo reglamentario en el que quedaron atrapadas desde que comenzaron a redactarla.
Tres cláusulas principales harán que los sindicalistas recobren el control monopólico del aporte de los trabajadores a la salud: a) los que ingresen a un nuevo empleo deberán permanecer por lo menos 6 meses en la obra social de su gremio; b) sólo se podrá migrar a otra durante un mes determinado, pero se podrá volver a la de origen en cualquier momento; c) el que decida pasarse dispondrá de una mínima fracción de su contribución, ya que deberá seguir pagándole a la obra social que abandona el equivalente al aporte promedio de su actividad (la AFIP todavía no encontró el modo de implementar esa discriminación).
Las inconsistencias jurídicas y políticas de estas reglas saltan a la vista. Por ejemplo: hasta el viernes el proyecto de decreto no aclaraba si las restricciones serían retroactivas. Si lo fueran, colapsarían las organizaciones de medicina prepaga, ya que el 60% de su clientela proviene de afiliados insatisfechos con su obra social. Con el nuevo régimen, los trabajadores sólo dispondrían de una porción ínfima de su cuota, que será insuficiente para acceder a un plan prepago.
En cambio, si las nuevas disposiciones no fueran retroactivas, como prevé el Gobierno, habría empleados de primera clase, que seguirán derivando a la entidad que prefieran la totalidad de su aporte, y de segunda, que sólo controlarían la diferencia entre su aporte y la contribución promedio de su actividad.
La aberración más notoria de los cambios que se avecinan no deriva de sus incoherencias reglamentarias, sino del concepto que los inspira: la obligación de dejar parte del aporte en la obra social que se quiere abandonar es un insólito premio a la ineficiencia.
Si un trabajador fue maltratado por una entidad y decide buscar una mejor cobertura -lo que casi siempre supone pagar una suma extra al aporte básico- deberá aumentar de manera muy significativa su gasto en salud, ya que casi toda su contribución la seguirá cobrando la institución de la que se quiere ir. Esa institución ya no estará obligada a prestarle servicio alguno.
El primer mandamiento de la corrupción, cobrar por no hacer nada, será fijado por decreto. ¿Firmará Cristina Kirchner semejante dislate?
Tal vez lo haga. La idea que organiza esta reglamentación hace juego con la incautación de los ahorros jubilatorios: también el aporte al sistema de salud pertenecería al Estado y no al trabajador.
Por eso el Gobierno dispondrá de él para premiar a los sindicalistas incompetentes. Ahora bien, si la contribución al sistema de salud no deviene de un ingreso que el asalariado puede derivar donde le plazca, sino que se trata de un impuesto, tal vez sea insuficiente un decreto y, para disponer lo que el sindicalismo les exige a los Kirchner ante la inminente recesión, haga falta una ley.
Ya hay abogados preparando recursos de amparo para cuando se publique la norma.
El escenarioRegalo de fin de año para los sindicatos
Carlos Pagni
lanacion.com | Política | Lunes 29 de diciembre de 2008
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