Una mirada superficial indicaría que el Gobierno quiere mostrar iniciativa ante una crisis internacional que amenaza con una fuerte desaceleración económica. Una menos contemplativa sugiere, además, que ésta es una excusa para reforzar a toda costa la caja fiscal para enfrentar las elecciones legislativas con más gasto público a través de un camino escabroso: implantar un régimen de impunidad impositiva que cambia drásticamente el discurso oficial. De la amenaza del "traje a rayas" para los evasores, se pasa a premiar a los acusados de delitos tributarios de guante blanco. Y, por carácter transitivo, a castigar a quienes se esforzaron por estar en regla. Tanto el blanqueo como la moratoria tienen la misma llave de entrada: un pago mínimo inmediato, a cambio de repatriar capitales no declarados o refinanciar deudas a 10 años con tasa de interés negativa. En la misma bolsa entran quienes no pudieron pagar impuestos cada vez más altos y quienes deliberadamente evitaron hacerlo.
El kirchnerismo no ha sido nada original con estas medidas. Según el tributarista Leonel Massad, desde 1955 hubo nada menos que 27 regímenes de este tipo, con mayor o menor flexibilidad. Esto arroja un promedio de uno cada dos años, lo cual corrobora que en la Argentina la regla suele ser la excepción. No ha sido precisamente un incentivo para los que cumplen en tiempo y forma, ni tampoco para quienes se encargan de hacer cumplir. La agravante es que durante esta década, cuando se cortó aquella secuencia, la AFIP desarrolló un sofisticado sistema informático de fiscalización para detectar fraudes e iniciar complejas causas penales contra casos no menos sofisticados de evasión (facturas truchas, triangulaciones, paraísos fiscales, falsificación de marcas, etc.). La sensación de que este cambio iba en serio permitió mejorar los niveles de cumplimiento y la recaudación. Ahora, todo ese esfuerzo queda desperdiciado, pues se prevé la extinción de acciones judiciales sin sentencia firme.
Cuesta entender la lógica de esta moratoria tributaria después de un período de bonanza y no de crisis, como generalmente ocurrió. Si el problema se presenta ahora para el futuro, hubiera sido más razonable bajar impuestos o retenciones. Claro que el efecto fiscal no sería el mismo; sobre todo para un gobierno que hace un culto de la caja como sinónimo de poder político. Otro contrasentido es que mientras el gobierno central propone este polémico alivio de deudas y coparticipar ingresos de la moratoria, varias provincias preparan subas de impuestos locales.
El blanqueo para repatriar capitales e inyectar divisas es otra fuente de escepticismo. Sobre todo porque se mantiene la desconfianza que en el último año y medio dio lugar a una fenomenal fuga de dólares (26.000 millones en 16 meses), en el marco de una política económica cada vez menos previsible y más discrecional. Si se repitieran los resultados del blanqueo de 1992, podrían ingresar 6000 millones de dólares. Pero algunos especialistas estiman que, con suerte, esa cifra se reduciría a menos de un tercio, para aplicar puntualmente a proyectos en marcha que se quedaron sin financiación interna y externa, aprovechando la zanahoria que implica el reducido costo del blanqueo. Para nuevas inversiones, hay demasiada incertidumbre local, aunque el mundo no sea hoy un lugar seguro para los capitales.
Dudas al por mayor
Sin embargo, antes de medir sus resultados, este pragmático proyecto debe pasar por varios filtros que podrían ponerle límites.
Uno de ellos es que entra en colisión con las normas internacionales para evitar el lavado de dinero, a las que adhirió la Argentina. Según estas disposiciones, los bancos deben conocer a sus clientes y verificar el origen de los fondos que ingresen. Por lo pronto, el país quedó ahora bajo la lupa en este terreno. Otro es el tratamiento en el Congreso: no será fácil para el oficialismo justificar por qué incluso se autoriza a declarar capitales sin obligación de que ingresen, por más que en este caso se aplique el costo más alto (8%). Y un tercero es la reglamentación que, en teoría, debería evitar que se blanquearan capitales inexistentes para su posterior lavado o que fondos repatriados vuelvan a salir (mediante compras y ventas simultáneas de inmuebles, por ejemplo) después de ser regularizados a bajo costo.
Tantas dudas relativizan el impacto reactivador de este régimen, así como el ingreso de divisas para contrarrestar el menor superávit comercial que se prevé para 2009. Llamativamente, fue Julio De Vido quien se encargó de blanquear esta pérdida de ingresos. El saldo bajaría de 12.000-13.000 a 7000 millones, dijo, en coincidencia con lo que pronostican los analistas independientes más optimistas.
Con menor oferta de dólares comerciales, altas obligaciones en divisas del sector público y una alta demanda que en las últimas semanas fue frenada con controles formales e informales de todo tipo, la política cambiaria se mantiene con pronóstico reservado. La impasse fue aprovechada por el Banco Central para subir el tipo de cambio en dosis homeopáticas (un centavo por día) y recomponer reservas.
Esta estrategia decepcionó a muchos industriales de la UIA, que para 2009 hacen cálculos con un dólar más alto para no quedar descolocados frente a las devaluaciones de Brasil, México y otras monedas latinoamericanas, o por lo menos esperan medidas indirectas (reintegros y reembolsos) que impliquen mayor tipo de cambio efectivo para exportar a mercados que se presentan cada vez más complicados por la crisis internacional, de la cual el gobierno kirchnerista se declaraba vacunado hace apenas dos meses. Con tanta preocupación oficial por la caja fiscal, esta alternativa no los entusiasma demasiado.
Al Margen de la SemanaDel traje a rayas al guante blanco
Por Néstor O. Scibona
lanacion.com | Economía | Domingo 30 de noviembre de 2008
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