La voracidad de las actuales autoridades nacionales para apropiarse de fondos privados, de la cual da cuenta el flamante proyecto de reforma previsional, está en sintonía con otras medidas gubernamentales. Entre ellas, el dispendio arbitrario de fondos públicos a fin de satisfacer a la prensa que le es abiertamente adicta en unos casos, y de modo embozado en otros.
A estas alturas son pocas las razones para ilusionarse con un giro en la política de acumulación por cualquier medio de recursos que luego se vuelcan para atender el interés directo del Gobierno y no el de los contribuyentes.
La voz crítica de la prensa no alcanza, en el caso de la estatización de la jubilación privada como en otros tantos desvíos del camino de una sana administración, para evitar lo que sería un gravísimo atropello. Queda, pues, por delante el Congreso ?antes de la última instancia, la de la Justicia? para asumir las responsabilidades indelegables que le otorga la Constitución. Se trata de oponer una valla efectiva, del mismo modo que aquél lo hizo cuando el Poder Ejecutivo procuró legalizar otra iniciativa de apropiación irrazonable de recursos económicos: el de la resolución 125.
La libertad de prensa es una ardua y riesgosa conquista de todos los días en América. Treinta periodistas han muerto por ejercerla el año último en este continente. No han alcanzado esas muertes, con toda la atrocidad de los asesinatos cometidos, para silenciar a la prensa libre.
Esos hechos encabezan, por su gravedad, el balance de la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada en Madrid. Tocará a Buenos Aires el turno de 2009. El gobierno argentino ha de tener presente que ha sido esa institución una de las primeras voces críticas de su empeño en desaires y prepotencias con el periodismo. Lo han sufrido quienes lo ejercen sin pedir permiso para decir lo que piensan, como han vuelto a hacerlo ahora, cuando el Gobierno lanzó el último zarpazo que faltaba, el más descarado de todos, si cabe, para intentar quedarse con las jubilaciones privadas.
Es un reconocimiento a la prensa libre de la Argentina la decisión de que SIP realice en Buenos Aires la asamblea del año próximo.
Como punto de referencia destinado al examen, en particular, de las autoridades argentinas, deberá decirse que el encuentro de Madrid se desarrolló con la participación del jefe del Estado, el rey Juan Carlos, y del presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero.
La SIP ha puesto énfasis, una vez más, en la significación que para las libertades públicas y las garantías individuales tiene la existencia de una Justicia independiente. Sabemos de sobra qué valor adquieren esos principios de rango constitucional en las prácticas políticas argentinas, sobre todo cuando la continuidad de los jueces y su nombramiento dependen de un Consejo Nacional de la Magistratura cuya mayoría viene actuando como apéndice ejecutor de las necesidades políticas del Poder Ejecutivo.
Los mecanismos de neutralización de la opinión crítica del periodismo se accionan en el continente según metodologías antiguas, pero también de acuerdo con herramientas a veces sutiles y a veces en consonancia con la brutalidad con la que actúan nuevos actores de gravitación nefasta y creciente. Los operadores del narcotráfico están entre ellos.
Editorial ILa voracidad oficial y la prensa libre
lanacion.com | Opinión | S?do 25 de octubre de 2008
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