Mientras tanto, los países con esquemas de reparto en los que los trabajadores activos financian a los pasivos, buscan hacer ajustes para poder afrontar sus compromisos y para reducir sus déficit, sin dejar de observar las proyecciones del envejecimiento poblacional, que también afectará a la Argentina. Un camino es la modificación de las condiciones para acceder a los beneficios: la suba de la edad de retiro o de la cantidad de años de aportes requeridos; la afectación de mayores recursos que provienen de impuestos generales, y el incremento de las tasas de aportes. Otras vías exploradas son la eliminación de fórmulas que definen a las jubilaciones como un porcentaje del salario, y el ofrecimiento de incentivos para hacer ahorros voluntarios.
Esto último ocurre en Estados Unidos, donde la seguridad social pública desembolsa, cada año, un 20% del presupuesto federal. George W. Bush intentó sin éxito una reforma, por considerar que el financiamiento será insostenible en pocos años más.
En Europa, Francia, con sus sistema de reparto, era en 2005 uno de los países con la edad promedio de jubilación más baja: 58,5 años para los varones, y 59,2 para las mujeres. Por la reforma de la ley Fillon, ahora un asalariado sólo podría cobrar una jubilación completa después de los 60 o de los 65 años, según el tiempo que estuvo en actividad. Desde 2003, es necesario contar con 41 años de contribuciones para retirarse antes de los 65 años. El sistema tendrá este año un déficit de 5700 millones de euros y las proyecciones para 2020 muestran que habrá un desequilibrio creciente en el esquema básico de financiación: de 182 aportantes por 100 jubilados que había en 2006, se pasará a 121 por 100.
En Italia, la moderación de las promesas del sistema de reparto empezó en 1995. Antes, los haberes equivalían a cerca del 80% del sueldo. Ahora, los expertos estiman que sólo con 40 años de aportes se puede alcanzar una jubilación de alrededor del 60% del ingreso activo. El sistema italiano llegó a provocar un déficit elevadísimo. Algunas estimaciones indicaban que, si se transparentaba el pasivo que el país asumía por las promesas de pago a los activos, la cifra llegaba hasta el 400% del producto bruto.
En países como Alemania y España, según señaló el economista Jorge Colina, del centro de estudios Idesa, se intenta alentar a las personas para que realicen contribuciones voluntarias, en un esquema del que muchas veces participan las empresas empleadoras. En ambos casos, el Fisco aporta alrededor de un tercio de los recursos para los pagos del sistema.
En la Argentina, el régimen actual de reparto se financia prácticamente en partes iguales con los aportes y las contribuciones de trabajadores y empleadores, y con fondos que provienen de impuestos. Según el economista jefe de la fundación FIEL, Juan Luis Bour, eso demuestra que el sistema de reparto está quebrado y necesita utilizar recursos que, entonces, se desvían de otros posibles fines.
Bour consideró que muchos países descartaron la creación de regímenes de capitalización individual por no poder asumir el costo fiscal temporal que supone ese tipo de reformas, dado que durante varios años los Estados deben afrontar pagos mientras ven disminuidos sus ingresos.
El esquema que decidieron desarrollar algunos países como Suecia y Brasil ?aunque los mecanismos no son exactamente los mismos? es el de las llamadas ?cuentas nocionales. Son sistemas administrados por el sector público, con beneficios que se calculan sobre la base de fórmulas más relacionadas con la capitalización que con los cálculos tradicionalmente propuestos por los regímenes de reparto. Con estos esquemas, este sistema comparte el modelo de financiamiento, ya que por lo general se sigue el principio de la solidaridad entre generaciones.
Saldos virtuales
En el esquema de cuenta nocional el Estado toma los aportes y registra los montos a nombre de cada trabajador en una cuenta virtual. Esas cifras se actualizan según el rendimiento de alguna variable y, al final de la vida laboral, el haber jubilatorio se calculará en función del saldo virtual y de la expectativa de vida.
En países como Brasil, se introdujeron también reformas en las condiciones para acceder a los beneficios.
Otros países latinoamericanos optaron por las reformas legales que crearon a los administradores privados de los fondos aportados. Como las prestaciones en estos casos dependen de cuánto se ahorre y de los rendimientos de las inversiones a las que se vuelcan los recursos, la crisis mundial de los mercados financieros encendió fuertes luces de alerta. La situación llevó, en algunos casos, a estudiar alternativas para moderar los efectos negativos, que principalmente afectan a quienes están cerca de jubilarse.
Según un informe de Fabio Bertranou, especialista en seguridad social de la oficina para el Cono Sur de América latina de la OIT, son diez los países de la región que aprobaron sistemas de capitalización, que existen también en varios Estados de Europa del Este.
En cuatro países, el modelo elegido fue sustitutivo de los viejos regímenes de reparto: se trata de los casos de Chile (1981), Bolivia (1997), México (1997), El Salvador (1998) y la República Dominicana (2003). En Perú y Colombia, con reformas vigentes desde 1993 y 1994, se optó por modelos de convivencia con sistemas de reparto.
Otros tres países se decidieron por regímenes mixtos: la Argentina (1994), Uruguay (1996) y Costa Rica (2001). La esencia de estos esquemas es que el financiamiento de las jubilaciones de quienes aportan a una cuenta individual proviene en parte del ahorro acumulado y en parte del Estado, que se compromete a pagar prestaciones y, a cambio, recibe dinero mientras el trabajador está activo.
En nuestro país, por ejemplo, mientras que el 11% del salario de los afiliados a una administradora se derivan a la cuenta de ahorro personal, las contribuciones que paga el empleador, del 10,2 o del 12,7% del salario (según la actividad), van a las arcas fiscales.
El carácter de sistema mixto nos diferencia de Chile, país considerado la cuna de la capitalización previsional. Allí, la reforma fue promovida en 1980 por el gobierno del presidente de facto Augusto Pinochet.
La puesta en marcha del sistema chileno incluyó un previo reconocimiento de la deuda que el sistema público había acumulado hasta entonces con quienes estaban aportando. El Estado asumió su pasivo y derivó recursos a las administradoras privadas, para desligarse del sistema jubilatorio. Todos los trabajadores quedaron obligados a aportar a las cuentas de ahorro. Hoy se disputan el mercado cinco empresas privadas, a las que se sumará una de capital estatal ?algo que siempre existió en la Argentina?, si se aprueba en el Congreso un proyecto de ley enviado hace pocos días.
Régimen previsionalLa jubilación, un tema mundial
Los sistemas públicos de reparto reducen los beneficios y no saben si podrán pagar los haberes a causa de sus fuertes déficit; los de capitalización muestran puntos débiles; en la Argentina se impulsan cambios sin debate ni cálculos
lanacion.com | Economía | Domingo 26 de octubre de 2008
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