A partir de 1969, la ley 18.037 comenzó a ajustar las jubilaciones por el índice del promedio general de evolución de los trabajadores activos (cuando la diferencia de los sueldos crecía más del 10 por ciento, se debían actualizar los haberes pasivos). "Este sistema se dejó de aplicar porque un funcionario de Raúl Alfonsín nos confesó que el gobierno no publicaba los índices reales del Indec. Por eso, se creó la Cámara de Seguridad Social, que aplicó otros índices", confiesa el camarista Luis Herrero.
A partir de 1990, ese tribunal comenzó a ajustar las jubilaciones por los índices del peón industrial, precios mayoristas, el costo de la vida, etcétera, hasta que un plenario determinó que el ajuste más conveniente para el jubilado era el índice de peón industrial.
Luego, la Cámara volvió a aplicar el ajuste de la ley 18.037.
En 1994, la ley 24.241 determinó que el ajuste, en el sistema de reparto, se haría por el Ampo, una fórmula que convalidó la Corte menemista en los 90 y que planchó los haberes.
La ley 24.463 estableció que sería el Congreso el que, en la ley presupuestaria de cada año, establecería la movilidad, algo que el Congreso nunca hizo.
En 2006 y en 2007, la Corte, en dos fallos del caso Badaro, declaró inconstitucional la ley 24.463 y el tribunal estableció un criterio de movilidad.
La nueva ley de movilidad jubilatoria 26.417, en lugar de aplicar el criterio de movilidad fijado por la Corte en el caso Badaro, creó una fórmula de mera actualización, que tiene en cuenta los aportes y el número de jubilados (no todos ellos aportan).
De esta historia de defraudación estatal, hay que extraer enseñanzas:
Los gobiernos hicieron poco para mantener el compromiso de pagarles buenas jubilaciones a los trabajadores e hicieron mucho para apropiarse de sus fondos.
Poco importa que el Congreso diga que los fondos "son intangibles" o que prometan ajustarlos por un índice determinado: los gobiernos de turno, en cada gestión, cambiaron las reglas de juego.
La Anses, a partir de 2009, manejará un presupuesto de casi 190.000 millones de pesos (sume el presupuesto anual del organismo, de 70.000 millones de pesos, el fondo de garantía, los 15.000 millones que se aportan anualmente al régimen de capitalización y el acumulado de 90.000 millones de las AFJP). Ese presupuesto será mayor que las reservas del Banco Central. La actual legislación casi no pone límites al manejo que se puede hacer de ese dinero y, si los hubiera, nada impediría que el Gobierno los modificara o desconociera.
A estas alturas, el trabajador o el jubilado sólo tienen el camino de buscar la ayuda en la Cámara de Seguridad Social o en la Corte Suprema. Y rezar.
JusticiaUna historia de fraudes estatales
Por Adrián Ventura
lanacion.com | Política | Mi?oles 29 de octubre de 2008
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