El horizonte de previsibilidad para invertir en nuestro país es excesivamente corto: apenas un año y siete meses.

Sería de necios no admitir que, en las últimas semanas, se advierte un viraje hacia cierto pragmatismo por parte del gobierno nacional. En especial, tras los positivos anuncios en el sentido de que el país honrará sus compromisos en materia de deuda pública. Pero preocupa que estas decisiones estén acompañadas por mensajes presidenciales con un claro tono populista y negador de la realidad.

Resulta a todas luces provocador que la presidenta Cristina Kirchner, ante un calificado auditorio formado por empresarios de los Estados Unidos reunidos en un foro internacional como es el Consejo de las Américas, intente hacer creer que la inflación no es un problema en la Argentina.

No menos preocupante es que la primera mandataria insista en defender el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en los últimos tiempos, cuando éste ha sido cuestionado por su absoluta falta de imparcialidad y de rigor profesional desde que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tomó virtualmente sus riendas.

Un país sin estadísticas oficiales veraces condena a sus empresarios y a sus potenciales inversores a la duda, y a sus autoridades políticas a ser blanco permanente de la desconfianza pública. Y sin confianza en las instituciones no hay posibilidad de crecimiento económico sustentable.

Una reciente encuesta sobre el clima de negocios, realizada entre las empresas de nuestro país por la Sociedad de Estudios Laborales, da cuenta de que el horizonte de previsibilidad para invertir en nuestro país es excesivamente corto: apenas un año y siete meses. La inseguridad jurídica y la ausencia de reglas claras son los principales motivos que determinan tan corto horizonte. Y sin duda la inexistencia de estadísticas oficiales confiables contribuye a esa negativa percepción.

Las diferencias notables entre los reclamos salariales de algunos gremios y el índice oficial de precios al consumidor son una muestra de lo que puede ocurrir en una economía cuando la confianza en los organismos que miden la inflación y otras variables ha sido pulverizada.

La falacia de las mediciones oficiales la demuestra el hecho de que algunos sindicatos y cámaras empresariales están contratando los servicios de consultoras privadas para tener cifras confiables sobre el aumento del costo de la vida a la hora de negociar modificaciones salariales.

Quienes no tienen esa posibilidad son los más pobres: quienes viven de la ayuda estatal derivada del Plan Jefes y Jefas de Hogar o de otros semejantes. Ellos deberán resignarse a una continua pérdida de poder adquisitivo.

Es sabido que casi todos pierden cuando hay inflación. Y también debería saberse que muchísimos sectores pierden más todavía cuando se pretende ocultar desde el Estado la inflación real.

Se trata, claro está, de algo tan ingenuo como buscar tapar el sol con las manos. Sin embargo, sus efectos sobre la economía y sobre los argentinos es demoledor.

Por empezar, el fraude institucionalizado relacionado con la medición del costo de la vida lleva a conclusiones distorsionadas sobre los niveles de pobreza. Al descontar que la canasta básica de alimentos tiene, según el Indec, un costo muy inferior al real, el índice de pobreza y de indigencia será bastante menor al verdadero, lo cual generará diagnósticos oficiales equivocados, que impactarán negativamente en las políticas sociales.

Para terminar, el mismo fraude estadístico afecta los mecanismos de ajuste de bonos que deberían ser indexados por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), basado en la variación del costo de la vida. No es ésta una cuestión menor, que sólo hace sentir sus efectos sobre especuladores bursátiles, como alguna vez se ha intentado explicar desde el Gobierno. Por el contrario, quienes sufren esta deformación son, fundamentalmente, quienes hacen sus aportes jubilatorios a las AFJP, obligadas por la legislación a invertir en este tipo de títulos públicos, y no pocos jubilados y proveedores del Estado que han recibido esos bonos en compensación por las deudas que el Estado tenía con ellos.

Lo ocurrido con los bonos ajustables por inflación no agota ahí sus consecuencias. Estamos ante un virtual default a partir de la manipulación y del ocultamiento de información que nunca podría ser considerada propiedad de un gobierno. Y esa situación es clave para desalentar inversiones en esa clase de activos, lo cual provoca que aumente el riesgo país y que el financiamiento, tanto externo como interno, resulte cada vez más caro o inaccesible.

Editorial ILa institucionalización del fraude

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lanacion.com | Opinión | Domingo 28 de setiembre de 2008