No puede menos que causar sorpresa el mensaje presidencial que acompañó el anuncio del envío al Congreso del proyecto de ley de jubilación móvil. Sorpresa e indignación, porque no es lícito que, después de cinco años de gestión, en los cuales un gran número de jubilados viene soportando un deterioro constante de su poder adquisitivo, se hable desde el Gobierno de un salto de calidad institucional.
La iniciativa del Poder Ejecutivo fue anunciada luego de varios fallos de la Corte Suprema de Justicia a favor de jubilados que reclamaban ajustes en sus haberes y de un pedido del máximo tribunal para que se respetara el principio de movilidad en las jubilaciones. El proyecto contempla, sólo a partir de 2009, que el llamado sector pasivo reciba dos aumentos jubilatorios al año, que se determinarían en función de la variación de los salarios de trabajadores en actividad y del incremento en la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que es "un salto de calidad institucional" el proyecto que está enviando al Poder Legislativo "para que la movilidad de los jubilados sea un derecho". Pareció olvidar que el principio de la movilidad de las jubilaciones ya era un derecho desde antes de la reciente iniciativa oficial, sólo que prácticamente ningún gobierno se preocupó por cumplirlo.
No ha sido ajeno a ese incumplimiento el gobierno de Néstor Kirchner. Si bien es cierto que las jubilaciones mínimas han aumentado en los últimos años por encima del incremento del costo de vida, quienes no perciben el haber mínimo recibieron ajustes que se ubican muy por debajo de la evolución de los precios y también del aumento de los salarios de los trabajadores activos.
Las leyes que garantizan la intangibilidad de los haberes previsionales y su actualización en función de los niveles salariales de los trabajadores en actividad ya existen. No son, como se pretende hacer creer desde el gobierno nacional, una graciosa concesión de las autoridades. Los fallos de la Corte en los casos Sánchez, Chocobar y Barado no hacen más que ratificar que las demandas de los jubilados son justas y que sus derechos existen desde hace mucho tiempo.
Es de esperar que del tratamiento parlamentario de la iniciativa oficial surja una solución para tantos años en que los legítimos derechos de los jubilados han sido cercenados. Y cabe aguardar que esta vez no se insista desde el oficialismo en que la reivindicación de ese sector puede comprometer la situación financiera del Estado, como se ha dicho en los últimos años desde la Anses, cada vez que se postergaba el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales favorables a los jubilados.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario