El país necesita recuperar cuanto antes su marcha, al igual que la confianza en el sentido de justicia y equilibrio de sus principales gobernantes.

El conflicto entre el Gobierno y el campo se ha desbordado hacia múltiples ámbitos de la actividad nacional. Sería una rara excepción que alguien pudiera sentirse ajeno a una crisis que se ha hecho sentir en un amplísimo espacio del territorio nacional y ha afectado el desenvolvimiento comercial, económico y financiero del país.

Al cabo de más de setenta días, el conflicto sigue dejando marcas que serán más difíciles de borrar a medida que el tiempo pase sin que haya soluciones perdurables. Siempre ha de ser poco lo que se diga a favor del diálogo y de advertencia sobre los riesgos que se corren cuando la violencia latente amenaza suplantar las palabras con los hechos.

Es comprensible que el Gobierno se haya sentido agraviado por la magnitud del extraordinario acto de apoyo popular al campo realizado el domingo último, en Rosario. Ha pagado el oficialismo un precio más caro del que podía haberle correspondido por haber estimulado, con desaprensión, uno de los acontecimientos ciudadanos de mayor magnitud que se recuerden. Ese es el primer balance que ha dejado aquella concentración espontánea y pacífica de más de 200.000 personas unidas por un fervor federalista.

De nada le sirvió al Gobierno, sino por el contrario, hacer contrastar el hecho histórico de Rosario, protagonizado por las cuatro grandes entidades representativas de las actividades agropecuarias, con una reunión como la de Salta, en la que una fracción notable de los asistentes fue movilizada bajo la consideración de que se trataba de una tarea remunerativa previamente establecida. La crónica periodística ha suministrado datos ilustrativos al respecto.

Son el Gobierno y sus portavoces oficiales y oficiosos los que deben medir el peso de las palabras y de los actos con tanta o mayor dedicación que los ciudadanos del común. Siempre serán pocas las advertencias de orden general a fin de que el conflicto evite, por recias que fueren las expresiones intercambiadas por ambos lados, entrar en planos comprometidos para la paz social de la República.

Urge, en cuanto al Poder Ejecutivo, una revisión atinada de medidas que constituyen un desapoderamiento ilegítimo de los ingresos del sector más dinámico de la economía argentina. Si eso se produce como consecuencia de un diálogo razonado con el ruralismo, mejor. Empero, siempre será bienvenida, al margen de las formalidades que la objetiven, una rectificación de los excesos contenidos en la resolución que ha elevado los gravámenes en cuestión a un punto límite y que devolvió al llano al ministro de Economía responsable del desatino, además de dejar en situación desairada a otros funcionarios políticos.

Editorial I
Exhortación al diálogo y la prudencia

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LANACION.com | Opinión | Miércoles 28 de mayo de 2008