Desde hace un tiempo ya prolongado, a partir del segundo semestre de 2006, se inició un procedimiento de manipulación directa del índice de precios que se agregó a las alteraciones de la verdadera presión inflacionaria basadas en las prohibiciones arbitrarias de exportación y en el congelamiento insostenible de precios regulados que hasta ese momento estaban en curso.
Los intentos o acciones destinados a vulnerar la medición verdadera de la inflación encontraron una encomiable resistencia en el servicio civil del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), así como en los Servicios Estadísticos de la provincia de Mendoza.
Corresponde, por supuesto, un reconocido homenaje a quienes, por cumplir su deber, llegaron a perder el trabajo que desempeñaban para no mancillar su conducta ni involucrarse con las acciones indebidas que se llevaban a cabo.
Este ejemplo debe permanecer entre los mejores exponentes de nuestro funcionariado en toda su existencia y es consistente con la elevada reputación de la que han gozado los técnicos del Indec, que concitaron el respeto de los sucesivos gobiernos a lo largo de toda su historia.
Las preguntas, inevitables, están relacionadas con los motivos que han llevado a prácticas que no tienen precedentes en la historia nacional, como tampoco en la experiencia internacional.
En mi opinión, hay tres hipótesis que podrían establecerse para explicar la inducción a una práctica tan repudiable como la manipulación de la información de carácter público, base referenciada de los contratos del Estado y de los ciudadanos.
En primer lugar, la pretensión de alterar las expectativas de las alzas futuras de precios y salarios.
Tomemos como ejemplo a un médico que para bajar la preocupación de su paciente, con un cuadro febril, coloca un termómetro en un cubo de hielo luego de tomarle la temperatura y utiliza como terapia para la fiebre la información del resultado adulterado.
No resulta creíble que por modificar arbitrariamente los índices -fenómenos informativamente tan complejos como las expectativas- puedan ser manejados.
Está claro en la opinión pública que, desde el primer momento, en ninguno de los casos nadie tomó en cuenta estos guarismos artificialmente manipulados.
De hecho, encuestas realizadas por organizaciones académicas privadas altamente respetables -la más reciente, la de la Universidad Torcuato Di Tella- indican que la población estima que la tasa de inflación en los próximos doce meses será de 23,3%. Con el gasto público creciendo cerca de 50% anual y los agregados monetarios cerca del 30% anual en 2007, resulta imposible tener una inflación de alrededor del 8%.
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