En el mundo, el 30% del comercio exterior pasa por zonas francas. En la Argentina, esta cifra apenas llega al 3%. "La Argentina no cuenta con una política de Estado para desarrollar las zonas francas, a pesar de que el marco normativo es muy bueno", dijo a LA NACION Héctor Vargas, presidente del Comité Internacional de Zonas Francas de las Américas (Cizfa).
La ley 24.331 de 1994 faculta a cada provincia a contar con una zona franca y, al Poder Ejecutivo, a instalar cuatro más. Conceptualmente, la zona franca es un espacio físico dentro del territorio político de un país, donde se desarrollan actividades que no están gravadas con impuestos. "Esta ventaja tiene por objeto crear polos de desarrollo sin el efecto distorsivo que los impuestos tienen sobre las empresas, permitiendo destinar los fondos excedentes a la creación de empleo, a la compra de tecnología y a crear valor agregado", dijo Juan Pablo Justo, director de Buenos Aires Zona Franca La Plata SA, concesionario de la Zona Franca de La Plata (ZFLP). Y explicó que, si bien en la ZFLP está permitido realizar actividades industriales, esto no sucede en la práctica ya que el 70% del tráfico se centra en la importación de máquinas y equipos para la construcción, materias primas y productos terminados para consumo. El resto corresponde a pequeñas transformaciones de los bienes importados para adaptarlos al mercado argentino, o a su fraccionamiento.
Según Justo, para que las zonas francas logren desarrollarse en la Argentina, resulta fundamental permitir el ingreso de lo que allí se fabrica en el territorio argentino o, por lo menos, de un porcentaje.
En igual sentido, Jorge Banchik, vicepresidente de Cozofra SA, el concesionario de la Zona Franca de Salta, aludió a la necesidad de que se permita el ingreso de la producción de ese área al territorio nacional.
Para Justo, las sucesivas modificaciones en el tipo de cambio de la Argentina no dan la previsibilidad necesaria para que un empresario se instale en una zona franca sin contar con la posibilidad de vender al mercado interno ante un cambio en la paridad cambiaria. "La zona franca de Manaos, en Brasil, tiene la posibilidad de ingresar en el territorio brasileño y al Mercosur todo lo que allí se produce", lamentó Justo.
La Zona Franca de La Plata es la mayor de la Argentina. Por allí pasa el 90% del comercio argentino de zonas francas. Ubicada dentro del Puerto de La Plata, cuenta con una superficie de 55 hectáreas, 100 galpones y 80 usuarios entre importadores, exportadores y operadores del comercio exterior. Allí trabajan 600 personas. En 2007, movió US$ 1400 millones, un 32% más que en 2006, cuando esa cifra llegó a los US$ 1060 millones. En medio del Amazonas y a cinco horas en barco hasta el puerto internacional más cercano, la Zona Franca de Manaos, en Brasil, cuenta con 600 empresas instaladas en sus 1700 hectáreas, y existen planes para desarrollar 5000 hectáreas más. Manaos registra un movimiento de US$ 6800 millones. Allí trabajan 87.000 personas en forma directa.
El concesionario de la ZFLP presentó un proyecto de ley para que se permita la venta de un porcentaje de lo que allí se produce en el territorio nacional. "Vamos a estudiar la propuesta porque, por alguna razón, las zonas francas se terminan convirtiendo en depósitos fiscales", dijo a LA NACION Ricardo del Valle, subsecretario de Actividades Portuarias de la provincia de Buenos Aires, pero resaltó: "En este momento, en lo que se refiere a zonas francas, estamos apuntando más al desarrollo de servicios que a la industrialización".
Según Carlos Canta Yoy, profesor del Instituto de Capacitación Aduanera y asesor de la Asociación de Importadores y Exprotadores (Aiera), "la ley de zonas francas llegó tarde a la Argentina". El especialista explicó que el mismo año en que la Argentina sancionó la ley de zonas francas, el Mercosur emitió la decisión 8 del Consejo Mercado Común, que le quita origen y procedencia a las mercaderías elaboradas en las zonas francas. En consecuencia, cualquier mercadería que ingresa en el Mercosur proveniente de una zona franca, debe pagar el arancel externo común (AEC). Las únicas excepciones son la zona franca de Manaos, en Brasil, cuyas mercaderías pueden ingresar tanto a la Argentina como a Brasil con tratamiento de intrazona, y la zona aduanera especial y zona franca de Tierra del Fuego, que goza del mismo trato. "Además, existen acuerdos puntuales, como el llamado Pepsi Cola, entre la Argentina y Uruguay, porque su jarabe se fabrica en la zona franca de Colonia y puede ingresar a la Argentina con tratamiento de intrazona", señaló Canta Yoy.
En su opinión, la restricción del ingreso de las mercaderías en el territorio del Mercosur genera que las zonas francas de la Argentina se usen como meros depósitos fiscales. "Salvo en la zona franca de La Pampa, en las otras zonas francas de la Argentina no se procesan mercaderías", dijo y añadió: "Se tratan de depósitos fiscales con mayor plazo para almacenar los productos".
La mercadería que entra en un depósito fiscal puede ser almacenada libre de impuestos por un período de 90 días. "Pasado ese tiempo, los bienes quedan disponibles para la venta", explicó Paul Buenader, de la consultora B&B. En cambio, el uso de una zona franca es una decisión más estratégica que operativa. "La zona franca permite mayores tiempos de almacenaje -hasta 5 años- y ofrece la posibilidad de realizar despachos parciales a plaza de la mercadería, desarrollar actividades comerciales, de servicios e industriales", agregó Buenader. La importación, y el correspondiente pago de los derechos, sólo se realiza cuando el bien sale de la zona franca.
Por María Martini
Fuente:LA NACION
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