Urge aplicar un nuevo sistema tributario.

Una vez más, al disponer un fuerte incremento de los derechos de exportación sobre ciertos granos y productos derivados del sector agropecuario, que sólo persigue mejorar las cuentas fiscales tras la fuerte suba del gasto público, el Gobierno ha decidido aumentar la discriminación impositiva sobre el campo.

Esta medida inconsulta, que ha merecido el rechazo unánime de las entidades agropecuarias y que ya fue condenada el sábado último en esta columna, se tomó en medio de una campaña agrícola, lo cual altera las reglas de juego y resta previsibilidad a inversiones de por sí riesgosas por su alta exposición climática. Muchas explotaciones rurales, especialmente las más alejadas de los puertos, verán sensiblemente disminuida su rentabilidad; otras pasarán a ser negativas.

Se argumenta en el Gobierno que los productores agropecuarios tendrán una alta renta y que, de este modo, se logrará una mejor redistribución del ingreso. La redistribución, empero, quedará a cargo del Gobierno, lo cual desnaturaliza la libertad del mercado y afecta a productores y comunidades del interior del país. Por este mecanismo, los fondos adicionales que se obtengan tendrán como único destino el Tesoro Nacional.

La magnitud del aumento de este malsano impuesto, que sumaba entre el 20 y el 27,5 por ciento para cereales y oleaginosas, alcanza ahora entre el 25 y el 35 por ciento del producido de estos grandes rubros con destino al erario. Significa, entonces, que por este solo impuesto entre la cuarta parte y más de un tercio del producido de estos bienes se sustrae a quienes lo producen. A esta tributación se le agregan otras, como el impuesto a las ganancias privado del ajuste por la creciente inflación; los impuestos al patrimonio y al cheque; el inmobiliario provincial, y el de ingresos brutos, a los que se suman las tasas comunales por conservación de caminos e inspección bromatológica, entre otras. En el caso de la soja, la tributación llega al 60 por ciento del valor de su producción.

Un importante estudio internacional ha mostrado que otras 39 naciones, todas ellas "en desarrollo" y "menos adelantadas", han recurrido a este impuesto, pero lo hacen para algún rubro en especial, como ciertas maderas de alta calidad en Malasia; los diamantes en Sudáfrica, favorecidos por su carácter casi monopólico, y las tortugas marinas en México, por motivos de conservación.

No hay país que lo aplique a su universo exportador con particular intensidad y efecto discriminatorio como la Argentina. Las naciones desarrolladas proceden en sentido contrario: subsidian al campo, política que hemos criticado en varias ocasiones.

Los impuestos a las exportaciones, cuya cuantía ha aumentado en forma sucesiva desde su reimplantación en 2002, han adquirido un nivel confiscatorio que representa un carácter discriminatorio respecto de otros sectores productivos. Asimismo, dañan ostensiblemente las economías regionales, tanto rurales como urbanas; colocan probablemente en situación de quebranto a regiones marginales de menor productividad que descreen del valor agregado de naturaleza agrícola, y crean una fuerte asimetría respecto de nuestros socios del Mercosur.

La discriminación impositiva que sufre el campo, en relación con otros sectores de la economía, también se advierte en el tipo de cambio: sus ingresos están regidos por un dólar con retenciones, mientras que la compra de sus insumos se rige por un dólar real.

En vísperas de la asunción del nuevo gobierno, más que nunca urge aplicar un nuevo sistema tributario en el país, de modo de evitar la discriminación y la falta de equidad.
Fuente: La Nación.