Mal comienzo para el pacto social

El pacto social, expuesto como un tratado tripartito entre el Gobierno y las representaciones gremial y empresarial, tiende hoy a interpretarse como un acuerdo de precios y salarios. La motivación fundamental de tal interpretación es que fue anunciado en el inicio de la campaña de la presidenta electa como un instrumento clave para lograr la estabilidad de precios. No hubiera sido necesaria una iniciativa de este tipo si no se estuviera frente a una inflación significativa, que el gobierno de Néstor Kirchner no parece estar dispuesto a corregir con políticas ortodoxas orientadas a suprimir sus verdaderas causas.

Este supuesto parece corroborarse a la vista del nuevo régimen de retenciones al petróleo y sus derivados, que intenta controlar precios afectando severamente las inversiones en el sector. Esta medida fue dictada dos días después de conocerse el futuro gabinete.

Está muy presente, además, en la memoria el pacto social de junio de 1973, que consistió básicamente en un congelamiento general de precios y salarios. Ante esta perspectiva, desde que se anunció nuevamente esta intención, los empresarios y gremialistas han admitido que, muy poco después de que asuma la presidencia Cristina Kirchner, se les solicitará negociar un rígido marco de congelamientos. Anticipándose, los posibles actores del nuevo pacto intentan posicionarse de la mejor forma para no quedar descolocados y evitar consecuencias mayores.

Por un lado, las empresas anticipan en forma visible los aumentos de precios. Por el otro, las entidades empresariales y gremiales y sus dirigentes pugnan en una lucha interna por tomar la representación de su sector. Inevitablemente, el actual presidente Kirchner y su señora se ven involucrados en estas pugnas.

El anuncio de la composición del futuro gabinete seguramente ha puesto una tregua en las presiones internas en las cercanías del poder, pero no disipa los motivos para lograr mejores posiciones entre las partes corporativas del pacto social.

En el campo sindical, las especulaciones se han traducido en enfrentamientos, en algunos casos con manifestaciones ruidosas. El gremio de los camioneros, encabezado por el aún titular de la CGT, Hugo Moyano, ha protagonizado medidas de fuerza y algunas expresiones de violencia que parecen querer marcar el territorio frente a otros líderes gremiales con similares aspiraciones. Dentro de estos últimos, Luis Barrionuevo, aliado al sector conocido como los "Gordos", intenta adquirir un rol protagónico en el futuro pacto.

Por otro lado, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) opera como otra entidad gremial de tercer grado, menos dispuesta a acuerdos que no establezcan la recuperación de sus salarios, con una actitud menos contemporizadora con el Gobierno. Esta central cobija a los principales gremios estatales y sabe que su suerte estará no sólo ligada a las restricciones macroeconómicas, sino también a las fiscales.

Como una estrategia natural de todos estos movimientos, se han hecho conocer las aspiraciones concretas de aumentos salariales, que obviamente superan los límites que previsiblemente tratará de imponer el Gobierno. Los dirigentes gremiales, incluidos los declaradamente oficialistas, están dispuestos a desconocer y denunciar la manipulación de los índices de precios del Indec. La presidenta electa niega esta manipulación como inevitable estrategia para refutar los aumentos solicitados. El futuro ministro de Economía, ya designado, ha evitado por ahora hacer una referencia concreta a esta cuestión.

Por el lado empresarial, la Unión Industrial Argentina (UIA) se ha ubicado como la entidad de mayor peso en las negociaciones que se avecinan. La afinidad ideológica y programática con el Gobierno la han convertido en su interlocutor preferido. Pero esta situación no significa que en las proximidades de un pacto social no haya tensiones y movimientos en los sectores empresariales. La distancia de muchos de ellos con el pensamiento de la UIA se puso en evidencia en el fervor con que fueron acogidas las exposiciones ciertamente ortodoxas de Fernando Henrique Cardoso y Guy Sorman en el reciente coloquio de IDEA.

Todas estas circunstancias son esperables frente al planteo anticipado de un pacto corporativo que englobe a todo el sector empresarial y sindical. El tiempo alienta la aparición de divergencias y aumenta la dificultad de alcanzar ese acuerdo.

Deben tomarse estas dificultades como una razón más para considerar un error el intento de un pacto corporativo de este tipo. El país necesita un pacto al estilo del de La Moncloa, suscripto entre los partidos políticos con representación parlamentaria. Sólo así se dará un marco sólido de políticas de Estado que marquen en adelante el rumbo de la labor legislativa y ejecutiva. Lo contrario es apartarse de las formas de gobierno que nuestra república eligió y plasmó en su Constitución.

Los acuerdos de salarios y condiciones de trabajo deberían ser objeto de negociaciones en el nivel de empresa, para permitir la optimización y convergencia de los intereses de cada parte. La inflación no será vencida mediante congelamientos generales de precios y salarios, sino atacando sus causas. De esto hay suficiente experiencia en nuestro país y en el mundo como para volver a tropezar con la misma piedra.
Fuente: La Nación