En la justicia argentina la mayor parte de las causas que se investigan son por depósitos injustificados en cuentas bancarias (33%). En los otros casos son operaciones financieras sin justificar (29%); el resto es un ramillete de transferencias injustificadas del exterior y el aumento sospechoso de capital en empresas o sociedades. En cuanto a los montos de lavado, un poco más de la mitad (56%) se refiere a operaciones de 1 a 10 millones de pesos. Por encima de esta última cifra, las operaciones no son más que el 19% del total.
La investigación presenta un doble problema: ausencia de información oficial y una enorme demora por parte de los organismos oficiales para que la brinden. Sólo en el 10% de las causas la tardanza fue inferior a un año. En cambio, las entidades privadas, en su mayoría, respondieron en menos de 30 días.
Otro de los rincones de la trama del lavado de dinero en la Argentina revela que en el 73% de las causas había casi un centenar de personas imputadas, pero sólo un mínimo fue investigado, se convocó a testigos o se llevó adelante el juicio. De todo el universo investigado, el 38% de los casos fue archivado. Incluso, un 6% fue ignorado desde el comienzo por distintas razones.
Por Mariano Scotto
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