La ira del campo se quiere hacer escuchar.

Los ruralistas bonaerenses propondrán asambleas de productores, los santafecinos quieren ir a plantear el tema en la Justicia y los cordobeses -más duros- se preparan para un lock out de 10 días durante los que no se comercializarían cereales. La conducción de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad gremial empresarial más combativa del sector, definiría cuándo y cómo expresará su rechazo al reciente aumento de las retenciones. Por lo pronto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) -integrante de CRA- consultará a sus bases en dos asambleas que se harán mañana y pasado mañana en Nueve de Julio y Carhué, respectivamente. "Algo deberíamos hacer, pero no sé si ahora, con el gobierno que se va o después del 10 de diciembre", afirmó el presidente de esa entidad, Pedro Apaolaza. CRA, que agrupa a más de 300 sociedades rurales de todo el país, encabezó dos lock out contra la administración del presidente Néstor Kirchner, y Carbap hizo un tercero en mayo pasado. Pero ahora dos cuestiones serán especialmente tenidas en cuenta a la hora de decidir una nueva protesta: el avance de la siembra de granos gruesos y la capacidad que tenga cada confederación regional para movilizar a sus bases. "Vamos a analizar cómo seguir adelante y habrá alguna definición, porque indiscutiblemente el productor está preocupado, está mal", dijo Néstor Roulet, vicepresidente de CRA. En el resto de las entidades ruralistas prevalece la idea de seguir apostando por el diálogo y siguen esperando que el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, se muestre nuevamente disponible para recibir a los dirigentes. Pero, ante la amenaza de protestas, esa posibilidad todavía es algo remota. Por lo pronto, generó gran alivio entre exportadores la apertura del registro de declaraciones juradas de ventas al exterior de trigo. Esta liberación permitirá cumplir con la entrega de más de 3 millones de toneladas del cereal que los exportadores ya habían vendido principalmente a molinos brasileños. De hecho, en el primer día con el registro abierto, se declararon 3,1 millones de toneladas, que serían embarcadas en las próximas semanas. El saldo exportable total de trigo de la Argentina estaría esta campaña por encima de los 9 millones de toneladas, con lo cual -transcurrido el plazo de 90 días en que se podrán inscribir ventas- quedará todavía mucha mercadería disponible. Entre los productores también hubo alivio por la liberación parcial de las exportaciones. Además, hay cierto entusiasmo sobre una posible puja entre exportadores y molineros que mejore los precios. Es que los exportadores tienen ahora menos tiempo para comprar y declarar las ventas y la molinería puede competir porque recibe subsidios por la materia prima mediante el régimen de compensaciones (el Estado le reintegra la diferencia entre el precio oficial de abastecimiento -$ 370 la tonelada- y el valor oficial de mercado que fija diariamente Agricultura). Sin embargo, esto todavía no ocurrió y el trigo cerró en baja en el mercado local. En cambio, la soja -una vez superada la incertidumbre que despertó el cierre del registro- retomó su tendencia alcista (ver página 9). Asumida la suba de las retenciones, lo que despierta mayor malestar entre los productores es el comportamiento que puedan tener los exportadores, que en el caso de la soja ya habían declarado 8 millones de toneladas antes de la suba de las retenciones. Registrar esas ventas implicó congelar las condiciones en las que luego se concretará el embarque, entre otras, el porcentaje de retenciones que se tributará. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es informar públicamente quiénes fueron los que inscribieron tantas toneladas el día antes del cierre de los registros. Esas empresas calzaron la exportación con retenciones del 27,5% y se la van a pagar al productor como si tributaran 35% y van a tener una ganancia marginal extraordinaria", dijo un dirigente agropecuario que todavía apuesta al diálogo.
Fuente: La Nación