Una buena razón para dejar de reír

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION Amado Boudou se ha desplomado en las encuestas y ya carece de toda influencia política en el propio gobierno que lo llevó a la cumbre hace apenas cinco meses. Esa inestabilidad, propia de la política, se está agravando seriamente en la Justicia, donde ya hay dos investigaciones sobre presuntos actos de corrupción del actual vicepresidente y ex ministro de Economía. Ayer, Boudou recibió la segunda imputación, esta vez por supuesto enriquecimiento ilícito. Ya estaba imputado por tráfico de influencias en la causa que investiga la extraña compra de la ex Ciccone, la impresora de billetes más importante del país. El dictamen del fiscal Jorge Di Lello es significativo por varias razones. La primera de ellas es que incorporó a la investigación a los principales personajes (salvo la novia del vicepresidente, Agustina Kämpfer) del caso Ciccone. Incorporó al amigo confeso de Boudou, José María Núñez Carmona, y a Alejandro Vandenbroele, actual presidente de la ex Ciccone y supuesto amigo escondido del vicepresidente. Núñez Carmona es quien une a Boudou con Vandenbroele, porque se constató que es amigo de los dos. Otra razón llamativa es el propio fiscal. Di Lello es un hombre con muchos años en la Justicia, que estuvo preso por la dictadura en los años 70 y que es -o era- conocido por su cercanía ideológica con el gobierno de los Kirchner. Sin embargo, nada hace suponer, por ahora, que el Gobierno le haya soltado la mano a Boudou. Ya sea porque su presencia en el poder supone un error personal de la Presidenta o porque Boudou sabe más cosas que las que se sospechan, lo cierto es que nunca antes el poder influyó tanto en la Justicia como lo está haciendo ahora para proteger al vicepresidente. El ejemplo más emblemático de tal aseveración es la inestable situación del fiscal Carlos Rívolo, que tiene a su cargo la investigación sobre la participación de Boudou en la compra de la ex Ciccone. El juez Ariel Lijo, que reemplazó al recusado Daniel Rafecas, postergó ayer, tomándose un plazo extraño, la resolución sobre la recusación del funcionario judicial que más trabajó en el caso Ciccone, que es Rívolo. Ayer se venció el último plazo para que Lijo decidiera sobre el destino del fiscal, pero el juez decidió tomarse más tiempo. Los plazos en la justicia federal son "perentorios" para el común de los mortales, pero se consideran sólo "orientativos" para los jueces. Es decir, pueden respetarlos o no. Esas dilaciones no son buenos mensajes para una sociedad que viene reclamando por los interminables tiempos de la Justicia. Abatidos de la peor manera el ex jefe de los fiscales Esteban Righi y el juez inicial Daniel Rafecas, el Gobierno necesita sacarlo ahora del caso a Rívolo. El objetivo fue siempre Rívolo más que Righi (acusado de inacción por el oficialismo) y que Rafecas (que se limitó a conceder casi todos los pedidos de Rívolo). Ninguna otra instrucción por eventuales hechos de corrupción política, como el caso Ciccone, avanzó tanto en apenas 45 días. Pero las recusaciones de Rafecas y del propio Rívolo frenaron en seco la investigación. En rigor, frenaron sólo los actos susceptibles de ser cuestionados si Rívolo fuera apartado. Otras pruebas sobre las conexiones y relaciones entre Boudou y Alejandro Vandenbroele se siguen acumulando. Boudou ha desmentido siempre cualquier relación con Vandenbroele. Aseguró que ni siquiera lo conoce, pero ciertas constataciones están desmintiendo esa aseveración. El Banco Santander confirmó que Vandenbroele pagó expensas del departamento de Boudou en Puerto Madero, alquilado a Fabián Carosso, un abogado rosarino que vive en Madrid. Boudou dijo siempre que no sabía que Vandenbroele estaba en medio de ese alquiler. Resulta que Vandenbroele pagó parte del alquiler de ese departamento y durante cinco meses tuvo el servicio de cable a su nombre. Vandenbroele tuvo también a su nombre el servicio de telefonía fija en el departamento de Boudou, como publicó LA NACION el domingo. ¿Pagó expensas, teléfono y servicio de televisión por cable del departamento de Boudou, pero no vivió ahí? ¿O, acaso, fue Vandenbroele y no Carosso quien vivió en el departamento de Boudou? Ya esto es lo más probable, porque la chapucería es lo único que sobra en esta saga. El padre de Carosso, Hugo Carosso, es un dirigente radical de Rosario, que declaró que su hijo nunca tuvo nada que ver con Boudou ni con Vandenbroele y que su condición de inquilino debió ser una "gauchada" a un amigo. También aseguró que su hijo sólo venía al país unos 30 días al año, pero que pasaba más tiempo en Rosario que en Buenos Aires. ¿Alquiló un departamento en Puerto Madero sólo para vivir unos pocos días al año? Dirigentes radicales se movilizaron para encontrar a Carosso padre y llevarlo a declarar ante la Justicia. Su testimonio es clave para desmontar la coartada del vicepresidente. Hasta el presidente del radicalismo, Mario Barletta, también santafecino, se movilizó en busca de Carosso. Lo encontraron. Hugo Carosso les respondió a los radicales, conmocionado, que su hijo le había pedido que se callara la boca y que desapareciera de los medios. "Esto es muy grave", contó que le confesó su hijo. Desapareció. Nadie sabe ahora nada de él. Boudou está formalmente imputado en la causa por tráfico de influencias en la compra de la ex Ciccone. La carátula del expediente judicial comienza con su nombre y apellido. No obstante, el abogado que lo defiende de hecho es Diego Pirota, el defensor de José María Núñez Carmona, el amigo de Boudou y de Vandenbroele. Pirota es quien recusó a Rívolo, pero el fiscal no hizo nunca nada que afectara a su defendido Núñez Carmona. Es Boudou, y no Núñez Carmona, quien quiere desalojar a Rívolo de la causa. Pirota lleva adelante la estrategia común de la defensa de Boudou, de Núñez Carmona y, tal vez, del propio Vandenbroele. La ex Ciccone cayó supuestamente en manos de un grupo de amigos de Boudou. La empresa controlante, The Old Fund, que preside Vandenbroele, tiene dueños desconocidos. Ni la Justicia ha podido aproximarse a la verdad sobre sus propietarios. Con todo, el Gobierno avanzó y le confió la impresión de billetes de 100 pesos, que ya está fabricando, justo cuando sucedía la erupción nacionalista por YPF. ¿Personas desconocidas imprimen los billetes de los argentinos? Sí, es así. Nadie los conoce. Sólo se sabe que uno de los socios, Sergio Martínez, está prófugo de la justicia norteamericana por robar tarjetas de crédito. Hay otras cosas tan graves como ésa: la ex Ciccone debe aportes y cargas sociales y tiene una deuda con la agencia impositiva bonaerense desde 1994, cuyo pago le está reclamando desde 2009. Carece, por lo tanto, del imprescindible certificado de aptitud para ser contratista del Estado. El Gobierno la contrató y pasó por encima de la ley. "Eso es un delito", recordó el abogado Ricardo Monner Sans ante el juez Lijo. En medio de esas constataciones, y de las tardanzas del juez, apareció el fiscal Di Lello con una noticia tan explosiva como la de Ciccone. Di Lello sería el reemplazante de Rívolo si éste fuera apartado de la causa. El gobierno de Cristina Kirchner está acosado por otros conflictos muy graves, que han enervado a sectores sociales, dividido a los esquivos sindicalistas y retraído fuertemente la economía. Boudou tiene ahora buenas razones para dejar de reír.