Más rédito político, más costo económico

Por Néstor O. Scibona | Para LA NACION La sanción express de la ley de expropiación parcial de YPF le permite al gobierno de Cristina Kirchner resolver varios problemas políticos. En lo inmediato, revertir la caída de popularidad que venía sufriendo tras la tragedia de Once y el escándalo Boudou. Así lo demuestran las encuestas y, en forma más sesgada, el entusiasmo militante del acto del viernes en Vélez. También exhibir ante la comunidad internacional que la confiscación selectiva de las acciones de Repsol no fue un arrebato del oficialismo, sino una decisión soberana con amplio apoyo opositor que, aún en minoría y al justificar en el Senado el consenso sobre los fines, también avaló implícitamente la ilegalidad de medios incluidos en el proyecto. Entre ellos, exceptuar a la futura YPF con mayoría estatal del control de organismos como la Auditoría General de la Nación y la Sigen. Otro rédito político para CFK es subordinar a los gobiernos de las provincias productoras de hidrocarburos, a través del voto sindicado en YPF, a las decisiones de la Casa Rosada. La prueba más grotesca correspondió al gobernador santacruceño Daniel Peralta, quien ni siquiera aguardó la sanción de la ley de reestatización para devolverle a YPF las áreas de explotación que le había retirado hace pocas semanas. Aún así, estas arbitrariedades legales y operativas no parecen ser un obstáculo para que muchas compañías petroleras -locales y extranjeras- vean el cambio de manos de YPF como una oportunidad más que un problema. No es casual que ninguna entidad empresaria del sector haya dicho una palabra sobre la expropiación. Ni tampoco que la UIA haya puesto énfasis solo en la profesionalización del manejo de YPF y en una mayor apertura hacia proveedores locales. Como ya se señaló en esta columna, el Gobierno tiene a su favor que la industria petrolera suele tener corta memoria y larga experiencia en zonas de riesgo político en el planeta. Claro que esta predisposición tiene su costo: los ejecutivos que ahora desfilan ante Julio De Vido prometiendo futuras inversiones, también piden precios, reglas estables y plazos que hasta ahora no figuraban en el repertorio oficial, ya sea para asociarse con YPF o actuar por las suyas. Aquí existe un escollo adicional, de raíz ideológica, debido a la negativa oficial a referenciar los precios locales con los internacionales bajo el argumento de no resignar renta petrolera. Sin embargo, con el creciente déficit energético y la necesidad de enormes inversiones en exploración de riesgo, los hidrocarburos son un recurso estratégico que se convierte en un simple commodity a la hora de importar. El problema no está en el precio del petróleo para refinar localmente -del que ya nadie se queja- sino fundamentalmente en el del gas natural, que sólo equivale a 25% del que se importa desde Bolivia (y en buena medida extrae allí Repsol) y a 15% del licuado (GNL) que se trae en barcos. El dilema del Gobierno será fijar un sendero alcista para el precio del gas, asumiendo costos políticos y económicos; o mantener los subsidios recurriendo ahora a la "maquinita" del Banco Central, aunque a riesgo de mayores presiones inflacionarias y cambiarias. Más por desconfianza que por otra cosa, esto ya se manifiesta en otra brecha -casualmente de 15 a 25%- entre el dólar oficial y sus cotizaciones paralelas. MÁS LEJOS DEL MUNDO Como las formas tienen tanta o más importancia que el contenido en la expropiación del 51% de YPF y nadie en el Gobierno piensa en indemnizaciones, el procedimiento elegido aísla aún más a la Argentina del mundo. Tarde o temprano la violación de reglas trae consecuencias de distintos alcances. Las más visibles son las represalias comerciales, como la anunciada suspensión de España de compras de biocombustibles, que pueden ser absorbidas localmente y difícilmente se extiendan a otros países europeos. Otra son los juicios por la violación del tratado bilateral de inversiones, que preveía para estos casos la expropiación del 100% y no una confiscación selectiva que además perjudica al resto de los accionistas, incluida la Anses. En otros casos se combinan: el no acatamiento argentino de los fallos del Ciadi dio lugar a represalias arancelarias de los Estados Unidos que afectan a terceros sectores no involucrados como el vitivinícola, tras un intenso trabajo para acceder a ese mercado. A ellas pueden sumarse eventuales sanciones de la OMC por las indiscriminadas trabas a las importaciones de Guillermo Moreno. Pero la predilección kirchnerista por el "vale todo" también expone a la Argentina a una serie de costos menos visibles que hipotecan la competitividad de su economía. Hace años no avanza el acuerdo para reestructurar la deuda con el Club de París y acceder al financiamiento a largo plazo de obras de infraestructura, frenado por la falsificación sistemática de datos del Indec que destruye la credibilidad del Gobierno. Mientras tanto el riesgo país superó en las últimas semanas al de Venezuela y cierra aún más el acceso de empresas argentinas al crédito externo, lo cual las descoloca -incluso para invertir en exploración petrolera- frente a las extranjeras que pueden financiarse a menor costo. Otro costo oculto es el desvío de inversiones externas o el freno de proyectos por desconfianza. El consultor Marcelo Elizondo, ex titular de la Fundación ExportAr, sostiene que "más que daño emergente, la Argentina puede sufrir lucro cesante" en este terreno. Algunas noticias recientes le dan la razón: la minera brasileña Vale acaba de dejar en suspenso una inversión de casi 6000 millones de dólares para explotar potasio en Mendoza. A su vez, la eléctrica española Endesa, controlada por capitales italianos, excluyó a la Argentina de un plan de inversiones por 6800 millones en la región, que destinará a sus filiales en Chile, Brasil, Perú y Colombia. No es extraño, si se tiene en cuenta que su distribuidora local Edesur no deja de tener pérdidas y ahora problemas de liquidez -al igual que su par Edenor- , después de 10 años de tarifas congeladas frente a una creciente inflación en dólares. (Tal vez esto explique por qué el sindicalista Oscar Lescano, cuyo gremio de Luz y Fuerza también opera servicios privatizados, haya dicho en estos días que "no le disgustaría" que el Estado también expropie compañías eléctricas). El fenómeno no es nuevo. En los últimos 15 años, la Argentina cayó del tercer al sexto puesto como país receptor de inversiones extranjeras directas (IED) en América latina. En 2011 captó apenas 6300 millones de dólares y se ubicó detrás de Brasil (65.500 millones); México (17.900); Chile (17.500); Colombia (14.400) y Perú (7900 millones). Paradójicamente el sector de hidrocarburos, que requiere de inversiones por necesidad y urgencia, tal vez no se vea tan afectado como otros que se miran en el espejo de Repsol o deben lidiar en una Argentina que se ha convertido en el reino de los controles, las medidas caso por caso, los parches y las extravagancias económicas, como que para importar autos o neumáticos haya que exportar arroz o miel. Esto sin considerar el costo intangible de que la prensa mundial compare ahora a Cristina Kirchner con Hugo Chávez.