El alto costo de la expropiación

Por Adrián Ventura | LA NACION
La pretensión del Gobierno es pagar por Repsol lo menos posible y, si fuera posible, nada.

El combo parece ideal: el Gobierno asume el control de la empresa, retoma la iniciativa política, capitaliza el fervor nacionalista y tapa otros graves problemas. El rédito político es muy atractivo y se logra sin haber usado las reservas del BCRA, ni los fondos de la Anses, ni ningún otro.

En pocas semanas más, el proyecto de expropiación será sancionado por el Congreso con abrumadora mayoría. Ni a los legisladores más legalistas les parece importante detenerse en dos flagrantes violaciones a la Constitución nacional: 1) para intervenir una empresa privada no basta un DNU, sino que se requiere una decisión judicial, y 2) la Constitución exige que el Gobierno expropiante pague el precio (indemnización) por el bien o empresa antes de tomar su posesión. La Constitución estableció esa garantía al derecho de propiedad para evitar que el Gobierno -como hacían los monarcas del siglo XVII-vayan por la vida tomando bienes o empresas sin asumir un costo. Nada de esto ocurrió. Pero los legisladores no quieren aparecer como defensores de una empresa extranjera.

Ahora que el Gobierno ya tiene el control de la empresa sin haber pagado un peso, ¿qué interés puede tener en negociar con Repsol un precio? Dejará que el debate se empantane en larguísimos juicios y sentencias.

Pero la decisión tiene un pasivo muy alto e importante para todos:

l Para Repsol. El viceministro Axel Kicillof y el ministro de Planificación, Julio De Vido, dijeron que a los 10.500 millones de dólares que reclama Antonio Brufau hay que restarles la deuda empresaria; los daños a la infraestructura y al medio ambiente, etcétera. El pago tenderá a ser cero.

l Para las demás empresas petroleras. Dicen en el sector que hay varias firmas extranjeras dispuestas a invertir, pero tienen serios motivos para dudar. Primero, porque el Gobierno no quiere pagar más que 2,7 dólares por millón de BTU para explotar los pozos de shale gas, cuando la actividad sólo se vuelve rentable si se pagan, por lo menos, 7 u 8 dólares (igualmente es una suma menor que los 12 dólares que se le paga a Bolivia). Y, segundo, porque ninguna empresa estará exenta de terminar como Repsol. Ayer, por ejemplo, el Gobierno avanzó contra otra firma española y el temor está extendido.

Para el país. Porque está cada vez más aislado internacionalmente.
Pero el costo también es muy alto para la gente. Si el Gobierno tomó los fondos de las AFJP en 2009 y, ahora, toma una empresa sin pagar previamente el precio, ¿por qué no habría de tomar cajas de seguridad o cualquier otro bien? Pero, atención, Kicillof ya lo dijo clarito: "La seguridad jurídica es un concepto horrible". ¡No olvidemos que fuimos avisados!