Anabólicos y depresivos

Por Néstor O. Scibona | Para LA NACION
La soja a US$ 530 le aporta al gobierno de Cristina Kirchner la cuota de tranquilidad que perdió en otras áreas, con el escándalo Boudou; las presiones sobre YPF o los reclamos de gobiernos amigos -y no tanto- por sus trabas unilaterales a las importaciones.

Sin estos tropiezos, CFK ya se habría dedicado de lleno al rol que más la gratifica: suministrar "anabólicos" para vigorizar el consumo interno, debilitado a raíz de la inflación, que se empinó en marzo, aunque el Gobierno insista en ignorarla. También para tonificar la actividad económica, cuyo ritmo de crecimiento anual, según datos del propio Indec, se redujo casi a la mitad en lo que va de 2012, con una preocupante merma de inversión.

Con los dólares de la cosecha y los ingresos por retenciones, el Gobierno pondrá en marcha próximamente algunas medidas expansivas que vino retrasando a la espera de un mejor clima político.

Una será el ajuste (20/25%) de la Asignación Universal por Hijo (hoy de 270 pesos mensuales), carcomida por la fuerte suba de precios en productos de consumo masivo. Otra, la demorada y similar actualización del mínimo no imponible (MNI) del impuesto a las ganancias.

Si la suba del MNI se produce antes de que se cierren las principales paritarias del sector privado, tal vez pueda descomprimir varios reclamos salariales que tienen un piso de 25% y llegan a techos de hasta 40%, para alarma de muchos sectores empresarios, en especial las pymes.

Por ahora se desconoce si el futuro ajuste del MNI alcanzará también a las escalas del impuesto, cuya crónica desactualización hace que muchas alzas salariales irían a parar a la caja de la AFIP. Pero también a cuánto ascenderán las mejoras efectivas de sueldos (más allá de los porcentajes), después de que se dejara de hablar de una pauta oficial inferior al 20 por ciento. Sin ir más lejos, en la politizada paritaria de la UOM se baraja formalmente un aumento de 24% (15% en abril y 8% a partir de julio). Pero si se incluyen adicionales no remunerativos de suma fija ($ 100) cada dos meses -entre octubre y febrero de 2013-, más una garantía mínima de 4000 pesos mensuales, el básico horario podría trepar casi 30 pesos.

Con estas medidas en danza, más la implícita postergación sin fecha de la anunciada quita de subsidios a las tarifas de luz, gas y agua a unos 12 millones de usuarios del área metropolitana (y que por ahora alcanzó a menos de 330.000), el gobierno de CFK apuesta a que la política de ingresos aporte anabólicos al consumo y permita que en el segundo semestre el PBI crezca más que en el primero. También buscará reforzar el gasto público y el crédito a tasas reales negativas, ahora que dispone de la "maquinita" del BCRA, mientras mantiene cerrada la demanda de dólares del sector privado.

Sin embargo, el efecto expansivo está por verse. No sólo porque estas políticas pueden generar mayores presiones inflacionarias y cambiarias -una prueba es la mayor brecha (12%) entre el mercado oficial y el paralelo-, sino porque también coinciden con fuertes aumentos de impuestos que restan recursos al consumo.

Así como la tardía actualización de valuaciones inmobiliarias catapultó el ABL porteño con alzas de hasta 400%, la desactualización del impuesto nacional a los bienes personales (IBP) pegará de lleno en amplios sectores de clase media. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) precisa, por ejemplo, que una familia con un patrimonio de 378.000 pesos (un departamento y un auto mediano) deberá pagar casi 1900 pesos anuales. Sólo por superar la base de 305.000 pesos que no se ajusta desde 2007 y desvirtúa el IBP, bautizado en su momento como "impuesto a la riqueza".

EL INDISCRIMINADO FRENO IMPORTADOR

Así y todo, uno de los mayores factores depresivos de la actividad económica son los masivos controles oficiales sobre las importaciones, sin otro criterio que ahorrar divisas para compensar las imparables compras externas de gas y combustibles.

Este freno discrecional amenaza con provocar estragos en numerosos sectores. Entre ellos, el de bienes de capital, equipos no producidos en el país y sus repuestos, cuyas importaciones cayeron 28% sólo en febrero.

Hay obras públicas que podrían frenarse debido a la falta de piezas para maquinarias y otro tanto puede ocurrir con generadores termoeléctricos (instalados bajo el plan Energía Delivery) en pequeñas localidades. En varias líneas urbanas de colectivos existen unidades detenidas, porque no se autoriza la reposición de cajas de cambio automáticas. Y también se complica la actividad de industrias pesadas, empresas portuarias o de construcción, que poseen o alquilan grúas o autoelevadores de gran porte, debido a la falta de repuestos originales. La preocupación se extiende además a empresas mineras de producción continua, cuyos camiones, motores y partes tampoco se fabrican en el país ni tienen sustitutos locales.

Para reconsiderar el rechazo de permisos previos de importación, Guillermo Moreno suele exigir listas de precios; compromisos escritos de reducción de importaciones (virtuales cupos), o bien la controvertida compensación 1x1 con exportaciones de cualquier rubro, que empresas sin experiencia en terceros mercados deben triangular a pérdida.

También ejerce presión para una sustitución forzosa de importaciones por producción local. Pero este objetivo no puede ser logrado de un día para otro -en realidad, lleva años- por compañías con exigencias propias de calidad, tecnología, escala y precios para incorporar a sus líneas de productos. La ministra Débora Giorgi llegó al extremo de desafiar a fabricantes de tractores a que los vendan incompletos si no producen partes originales (como si ello no implicara perder producción y ventas). O de invitar por su cuenta a empresarios pymes a reuniones organizadas por ciertas firmas para el desarrollo de proveedores locales. Más drástico, Moreno -que hasta ahora tampoco autoriza pagos de importaciones- ofreció a una compañía internacional cerrar su red local y hacerse cargo de un millar de empleados, si no reduce su déficit externo.

En algunos casos, hay problemas que suelen ser resueltos con una autorización limitada, como ocurrió con un fabricante de destornilladores que necesitaba mangos importados. En otros, los propios clientes viajan a países limítrofes para traer casi clandestinamente algún repuesto. Si buscaran hacerlo por derecha no podrían, porque deben estar inscriptos en un registro de importadores de la AFIP.

La consecuencia indeseada de este cerrojo es que quienes tienen stocks aumentan sus precios para prevenir problemas, lo cual se traduce en una suba de costos que abarca a industrias, particulares e incluso a pacientes necesitados de determinadas prótesis quirúrgicas.

Hoy resulta fácil distinguir quién se beneficia y quién se perjudica: los empresarios que tratan a Moreno como "Guillermo", a secas, probablemente hayan obtenido algún permiso o protección; a diferencia de otros, que, en privado, se refieren a él con los mismos epítetos que suelen recibir del funcionario y jamás se atreverían a repetir en público. Más allá de la anécdota, el problema es que estos aprietes ya son vox pópuli en la mayoría de los países que comercian con la Argentina