Un Consejo paralizado y una Justicia que espera

Cuando en 1994 el ánimo reformista constitucional llevó a los convencionales nacionales a debatir la creación del Consejo de la Magistratura, los objetivos fueron claros: debía tratarse de un órgano que tuviera a su cargo la selección y remoción de los magistrados, de manera tal de que la administración de justicia se viera garantizada, tanto por la transparencia de esa selección como por el tiempo y forma en que ésta se realice conforme a las necesidades del sistema.

Siete años después, esa misión vuelve a verse empañada por obra del mismo Consejo, que ha coronado 2011 con un récord alarmante: cerró el año menos productivo de su historia en la selección de jueces al terminar tan sólo tres concursos, esto es 40 menos que durante 2010.

Con esos procesos podrán cubrirse apenas seis de las 208 vacantes actuales de la justicia nacional y federal; con los 43 de 2010 se ocuparon 119 juzgados, aunque muchos de ellos siguen acéfalos porque la Presidenta no eligió a los candidatos de las ternas que recibió del Consejo.

Como se sabe, es misión del Consejo seleccionar mediante concursos públicos a los postulantes a las magistraturas inferiores, emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de esos jueces y ejercer sobre ellos facultades disciplinarias.

La intervención del Poder Ejecutivo se limita a la designación en cada caso de un integrante de la terna que le eleva el Consejo y a su envío al Congreso para el acuerdo respectivo, mientras que es el Senado de la Nación el encargado de prestar o no ese acuerdo.

En 2011, el Consejo de la Magistratura se anotó, además, otro cuestionable récord: jamás en su historia había celebrado tan pocas reuniones plenarias.

Respecto de la demora en la selección de jueces, en el Consejo argumentan que debieron adecuar el reglamento de selección y poner en marcha los exámenes orales y que esa actividad les llevó su tiempo. Curiosamente, si la cuestión pasaba por atender nuevas urgencias, resulta extraño que haya sido 2011 el año en que menos veces se reunió la comisión de selección de ese cuerpo: lo hizo en 13 oportunidades, mientras que en 2010 tuvo 25 reuniones; 24, en 2009, y 23, en 2008.

Tal como anticipó este diario, no son pocos quienes especulan con que, con esta demora, el kirchnerismo se garantiza mayor fidelidad de muchos jueces que deben asumir las subrogancias en juzgados vacantes. Esa eventual permeabilidad de magistrados, signados por la inestabilidad en sus cargos, no obstante, no hace más que poner en tela de juicio el artículo 109 de la Constitución Nacional, que, entre otras cosas, reza que "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales".

No es una novedad que en los últimos años el oficialismo se ha visto beneficiado con no pocos fallos de jueces subrogantes en los fueros en los que más le ha interesado garantizarse algún tipo de impunidad.

En cualquier caso, además la demora en cubrir cargos implica para los juzgados ya existentes una sobrecarga de trabajo que no se condice con una buena administración de justicia.

Es cierto que desde hace más de dos años el sistema para elegir jueces atraviesa un proceso de reforma que sentó las bases de un nuevo reglamento con el fin de dar mayor transparencia a los concursos. Sin embargo, también hubo críticas de no pocos sectores a lo ocurrido el año pasado en ese punto con el concurso 140 destinado a cubrir cuatro vacantes en la justicia federal porteña, donde se tramitan las principales causas de corrupción contra funcionarios y que terminó con un acuerdo político que vino a saldar la sospecha de que por lo menos dos de los candidatos a jueces habían conocido el contenido de los exámenes con anterioridad.

Hubo también repetición de sorteos de los jurados tras una denuncia de falta de notificación a todos los consejeros y una frustrada intención de la oposición de reducir el poder del kirchnerismo en el cuerpo.

De su lado, el Poder Ejecutivo publicó las ternas de candidatos para cubrir cuatro juzgados en el sensible fuero criminal y correccional federal el 29 de diciembre pasado, sobre el inicio de las Fiestas y del habitual período de vacaciones. Dado que esa publicación tiene como finalidad permitir a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil opinar sobre los candidatos o pedir mayor información sobre sus antecedentes en el plazo de quince días hábiles, es difícil resistirse a la sospecha de que se ha querido quitar transparencia al proceso.

Como sucede también en otras áreas sensibles como el Congreso, la puja interna del ala política en un año electoral como el que acaba de terminar se anotó un punto de peso en la carrera hacia la mayor inactividad del Consejo. Aunque tampoco deja de ser curioso que haya sido 2011 el año más afectado por esa contingencia. También fueron electorales 2009 y 2007, y, sin embargo, la Magistratura se reunió más veces que el año pasado.

Sea por la razón que fuere, la realidad indica que quedan por cubrir 208 vacantes de jueces nacionales y federales. Como ya se ha dicho en esta columna, es indispensable para la buena salud del sistema institucional que los representantes políticos asuman en plenitud la delicada tarea de cubrir aquellos cargos, haciendo recaer las designaciones entre los mejores candidatos seleccionados.