Por Adrián Ventura | LA NACION
Hugo Moyano, Daniel Scioli y los medios son, para el gobierno nacional, los tres enemigos por vencer. Por eso, los próximos meses serán muy agitados tanto en la arena política como en la judicial.
El Gobierno no quiere que nadie ni nada le recuerde, ni desde movilizaciones callejeras ni desde los titulares de los diarios, que los números de la economía nacional no son los que siempre dijo el Poder Ejecutivo y que, finalmente, llegó la hora de hacer un ajuste que la Presidenta, durante la campaña electoral, jamás se atrevió a insinuar.
La plataforma kirchnerista no incluía la palabra ajuste. Pero, es sabido, las mentiras políticas nunca entran en la calificación jurídica de defraudación. Un extraño privilegio comparten los sospechosos de un delito, cuando intentan disimular ante el juez su culpabilidad, y los políticos, cuando hacen campaña: pueden mentir sin temor a que ello les traiga aparejadas sanciones. Una paradoja legal y casi insalvable de la democracia.
Las largas colas de personas que, incineradas por las altas temperaturas del verano, pujan por conseguir su tarjeta SUBE para que no les impacte el inminente aumento del boleto del transporte público no son la postal propia de un país que haya venido creciendo a tasas chinas. Es un comportamiento social de autopreservación. Lo más probable no es que la gente, de buenas a primeras, se haya enloquecido, sino que en la Argentina la riqueza creada no se distribuyó tanto como pretende el Gobierno.
Moyano sabe que si insiste en pelear por las paritarias, por su continuidad en la CGT y por un espacio de poder, lo esperan meses complejos. Aunque la estrategia oficial, por ahora, se ciña a debilitarlo y aislarlo de los otros gremios grandes, el camionero intuye que la Justicia será un terreno resbaladizo. No sólo por alguna sorpresa que lo pueda aguardar en los juzgados federales de Comodoro Py, sino porque la justicia laboral, en cuya conformación Moyano siempre tuvo tanta influencia, no lo apoya en forma ciega ni unánime. Eso explica, por ejemplo, que en las últimas semanas la Cámara Laboral le haya dado la espalda al pedido de una medida cautelar que hizo el moyanista gremio de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La pelea del Gobierno con Scioli no tendrá un carril básicamente judicial. El Gobierno tiene las herramientas de la coparticipación y el financiamiento para disciplinar al gobernador y hacerle recordar quién manda.
Pero, más allá de los combates con Scioli y con Moyano -que son intraperonistas-,la discusión de fondo que sí se dará en la Justicia, sobre la que el Gobierno tiene un peso casi decisivo, tendrá lugar con los medios. El único control externo a la estructura de poder y al peronismo asoma, para Cristina Kirchner, como el más peligroso. El relato único oficial no resiste un archivo. Lo mejor es suprimir los archivos.
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