Los límites de la racionalidad del dólar

Por Martín Lousteau | Para LA NACION
El affaire dólar va aflojando. En gran medida porque el Gobierno, con sigilo, parece estar reviendo su diagnóstico inicial y comenzando a transitar un camino más lógico y natural: deja subir paulatinamente el dólar oficial mientras el paralelo rebota desde el techo de $5,10 alcanzado el viernes pasado. Ese valor era superior, inclusive, al que un mes atrás el consenso de los analistas económicos pronosticaba para.¡fines del 2012! La baja era, por ende, esperable. Y si a ello se le suma un deslizamiento un poco más acelerado del valor oficial, la brecha se irá achicando aunque no desaparecerá.

Con sus medidas iniciales el Gobierno había generado una situación en la cual pagaba todos los costos de una devaluación sin ninguno de sus beneficios. Aumentó la intranquilidad, se perdieron depósitos, subió la tasa de interés y se paralizaron gastos e inversiones, todo con impacto negativo en la actividad económica. Para colmo, el dólar paralelo se transformó en referencia de algunas operaciones con el consiguiente efecto en costos y precios. Y como el dólar oficial se mantuvo prácticamente congelado, no mejoraba la competitividad, ni crecían los ingresos fiscales por los impuestos que gravan las compras y ventas con el exterior, ni mejoraban el balance y el resultado cuasifiscal del Banco Central (BCRA).

El economista y reciente candidato a Vicepresidente Javier González Fraga usó una expresión muy acertada para describir el daño autoinfligido: "El problema no es el paciente sino el Parkinson del cirujano". Aún cuando el cambio de actitud actual del gobierno vaya deshaciendo el entuerto, su reacción original (y su recurrencia a las explicaciones conspirativas) tendrá algunos impactos más duraderos: mayor incertidumbre, menos crédito y más caro, menor inversión local y extranjera. En lugar de encarar la solución lógica de entrada, que consistía en que el BCRA dejara depreciar el Peso, se apela a un poco de racionalidad recién cuando parte del perjuicio ya está hecho.

Hasta ahora se trata de señales de cambios obvios: dejar de regalar dinero público
Por otro lado, siguen surgiendo indicios de que la próxima administración encarará finalmente una readecuación del oneroso esquema de subsidios que cubre parte del costo del gas, la electricidad, el agua y el transporte principalmente para la Capital Federal y el Conurbano. Hasta ahora se trata de señales de cambios obvios: dejar de regalar dinero público a bancos, compañías de seguros, empresas de telefonía celular, aeropuertos, mineras, casinos, hogares en barrios cerrados o que ocupan viviendas privilegiadas. Sin embargo, la bola de nieve se ha dejado crecer a un punto tal que no será tan sencillo lograr verdaderos ahorros. Este año estaremos gastando más de 75.000 millones de pesos en estos ítems (y en una Aerolíneas Argentinas que sigue sin funcionar como debería).
Hoy los ingresos de las empresas prestadoras de estos servicios están constituidos por las pagos que hacen los usuarios en la forma de tarifas y boletos más los subsidios. Si se pretendiera dejar éstos últimos congelados como para no seguir dañando las cuentas fiscales, la suba de tarifas promedio tendría que cubrir la totalidad del aumento de costos de producción, que será similar al de la inflación.

Supongamos que esos costos son, por ejemplo, de $ 100. Entonces, si la inflación fuera del 20% y no quisiéramos que crezcan los subsidios, la tarifa debería subir $ 20. El inconveniente radica en que a medida que fue pasando el tiempo sin modificaciones en las tarifas, los subsidios han cobrado un peso cada vez mayor en la estructura de ingresos de las empresas prestadoras de estos servicios.

Hoy, de cada $ 100 que perciben, solamente $ 22 son afrontados por los consumidores y $ 78 corresponden a aportes del Estado. Entonces, para absorber los $ 20 que se generan por mayores costos, es necesario elevar las tarifas generales 90% ($ 20 / $22). Si además se quisiera excluir a los sectores vulnerables y concentrar esa carga en el 40% de los usuarios con mayor poder adquisitivo, éstos deberían afrontar un incremento del 225%. ¡Y ello tan sólo para que el derroche de $ 75.000 millones anuales no aumente! Se trata de otro ejemplo que revela los costos y las dificultades de la racionalidad tardía.

Dejando de lado teorías tan de moda hoy y tan elaboradas como la de Ernesto Laclau, el populismo también puede ser definido como la subordinación del largo plazo al corto plazo. Y más allá del glamour del cual se pretende dotar al término en la actualidad, la improvisación y la imprevisión nos hacen indefectiblemente pagar en el futuro nuestras acciones de hoy.