Más votos, ¿más impunidad?

Por Luis Majul | LA NACION
Hay que repetirlo una vez más, aunque aburra o resulte extemporáneo días antes del triunfo arrollador con el que Cristina Fernández logrará su reelección: en cualquier país con un gobierno más o menos serio, Guillermo Moreno, el "golpeador oficial", habría sido despedido por el ministro de Economía o el mismo presidente. Mantenerlo en el cargo, reivindicarlo como un funcionario honesto el mismo día en que una fiscal lo imputó bajo el cargo de agresiones en riña, contiene múltiples mensajes, y todos son malos. El primero es "puedo hacer, como dueño del Estado, todo lo que se me da la gana". Incluso agredir físicamente a cualquiera y vanagloriarme de haberlo hecho. Otro mensaje sería: "tengo más de diez millones de votos y por lo tanto mi poder no tiene límites. Los votos no sólo me dan apoyo y legitimidad, sino también, sobre todo, impunidad".

Hay un tercer mensaje, que no estaría dirigido a la sociedad en su conjunto, sino, en especial, al sistema judicial. ¿Cómo podría actuar a partir de ahora cualquier fiscal o juez después de semejante exhibición de poder e impunidad? Los que trabajan en el fuero federal lo saben de memoria: al juez que saca los pies del plato le puede caer un pedido de juicio político; al que hace los deberes este gobierno lo protege, porque al mismo tiempo lo usa. El de Norberto Oyarbide es el caso más escandaloso, pero no el único. Para eso el oficialismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura.

El otro asunto para discutir es si se debe considerar o no a Moreno un funcionario honesto. ¿Es honesto, de verdad, alguien que usa su cargo para presionar a empresarios con el fin de que vendan sus empresas a precio vil y si es posible a los amigos de la administración K? ¿Puede considerarse honesto un secretario de Comercio que persigue, en forma personal, a un ejecutivo como el presidente de Shell, Juan José Aranguren, sólo porque no le cae simpático o porque no acata sus órdenes verbales, prepotentes y extemporáneas? ¿Es honesta una persona que recibe a sus visitantes con un arma en el escritorio o, para amedrentar, los chicanea diciendo que sus próximas víctimas serán sus esposas, porque "someter" a sus maridos había sido una faena demasiado fácil?

Otro de los mitos sobre Moreno que hay que poner en cuestión es su presunto coraje. Hasta ahora, en cada uno de los mediáticos entreveros físicos, siempre apareció acompañado por matones, guardaespaldas o militantes dispuestos a jugarse el pellejo por él. Incluso durante la agresión física al chofer de Jorge Macri, Mario Urcelay, no se animó a enfrentarlo solo, sino con el apoyo de una decena de "militantes". Muy pocos conocen una escena protagonizada por Moreno y sus hombres en las oficinas de un frigorífico de La Pampa, hace más de dos años. El secretario de Comercio intentó apurar al dueño, pero el empresario le dobló la apuesta, le abrió la puerta de una oficina contigua, le mostró un arma y le dijo que ahora podían empezar a conversar. Los testigos presenciales del hecho me dijeron que Moreno cambió el tono, la actitud y de inmediato se volvió sumiso y amable. "Parecía otra persona", ilustraron.

El mismo razonamiento se puede aplicar para el recientemente reelegido presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Grondona. La divulgación de las cámaras ocultas que grabó Carlos Ávila con la presencia estelar de Don Julio y el secretario general de la Conmebol, Eduardo Deluca, debería haber sido motivo suficiente para que la Unidad de Información Financiera (UIF) se pusiera a investigar si es cierto que el mandamás del fútbol posee cuentas en el exterior de más de 30 millones de dólares para determinar el origen de esos fondos y cómo los envió al exterior. Pero eso será imposible, porque la UIF investiga a los considerados enemigos y protege o cajonea los expedientes de los considerados amigos. Así lo denunció el fiscal Carlos Stornelli. El funcionario judicial citó dos casos: la divulgación de la investigación sobre accionistas del Grupo Clarín y el cajoneo del expediente de las empresas de Sergio Schoklender hasta que el escándalo llegó a la tapa de los diarios.

El matrimonio por conveniencia entre Grondona y la Presidenta es un caso paradigmático. Se abrazaron al dirigente de fútbol para perjudicar a Clarín y darle uso propagandístico al Fútbol para Todos. Pero tarde o temprano al Gobierno tendrá que rendir cuentas sobre los más de 1300 millones de pesos que ya se destinaron para esa iniciativa. Tendrá que explicar por qué, para financiarlo, usó dinero público destinado a la protección de bosques. Deberá informar de qué manera distribuye tanto dinero, que va del bolsillo de los contribuyentes a la caja de Grondona sin pasar por una auditoría o el más mínimo control. Hay que preguntárselo otra vez, aunque resulte aburrido o inoportuno. ¿Todos, en este gobierno, suponen que el dinero del Estado se puede usar de manera arbitraria, discrecional, como si fueran fondos propios y personalísimos?

Disponer de las partidas presupuestarias es una obligación, pero hacerlo de manera caprichosa constituye un delito. El uso y abuso de los fondos de la publicidad oficial es otro escándalo que terminará desparramando estiércol sobre los repartidores y también sobre sus beneficiarios. El secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, decide, a dedo, a quiénes hay que dar mucho y a quiénes debe quitarles todo. Se ampara en que no existe una ley nacional que regule la manera de distribuir esos fondos. En realidad, no la hay porque el oficialismo nunca la quiso discutir, con la misma lógica con que se niega a debatir y aprobar un proyecto de ley de presupuesto consensuado con la oposición. Le conviene seguir operando con arbitrariedad y sin ley.

Sin embargo, ésta y otras situaciones de abuso y prepotencia un buen día pueden terminar en la Corte Suprema. En realidad, la Corte ya les ordenó a Abal Medina y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que acaten el fallo del tribunal y suministren publicidad oficial a los medios de Perfil. No sólo los funcionarios lo saben y desobedecen. También lo sabe la propia presidenta de la Nación, quien, al igual que el ex presidente Néstor Kirchner, confunde el dinero de la pauta oficial con su propio dinero y su propio poder.