El Gobierno quizás esté usando el aparato estatal para plasmar, bajo el ropaje de justicia, persecuciones con fines políticos y comerciales.

Carlos Menem, cuando era presidente, se rodeaba de funcionarios y de jueces cómplices para asegurar su impunidad; en cambio, Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Kirchner persiguen una meta mucho más ambiciosa: buscan, también, desacreditar a medios, periodistas y empresarios, a quienes identifican como sus supuestos enemigos y competidores.

Esta estrategia para asegurar la impunidad de la corrupción y la acumulación de capital por vía de negocios poco transparentes es, por cierto, mucho más agresiva, pero explica lo que vemos estos días:

Se acaba de desatar sobre la Corte la tormenta perfecta. Varios jueces, con medidas cautelares, suspendieron la ley de medios, frente a lo cual el Gobierno, mediante un recurso, pidió al tribunal que restablezca su aplicación. Si la Corte se sujetase a su clásica jurisprudencia, debería negarse a revisar esa medida cautelar y rechazar el recurso del Gobierno. En ese caso, la ley de medios continuaría suspendida. Pero, ¿podrán los jueces supremos resistir las presiones que desatará el Gobierno?

Desde diciembre, por lo menos ocho jueces suspendieron decretos de utilización de las reservas, distintas resoluciones arbitrarias que perjudicaban a operadores de cable o de telefonía y la ley de medios, por lo cual sufrieron denuncias, presiones y demandas del Gobierno o de grupos oficialistas.

La detención del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no parece inocente. Tal vez, el ex ministro debió ser juzgado por distintos delitos. Pero el que le imputan, la detención del empresario Federico Gutheim para exigirle que firmara un trato comercial con Hong Kong, fue un secuestro extorsivo, un crimen común, no un crimen de lesa humanidad.

Gutheim no era subversivo, estuvo en una cárcel común y no fue torturado. Entonces, ¿por qué ese delito se volvió imprescriptible? ¿Alcanza para tomar esta decisión el hecho de que los militares y el ex ministro se hayan valido del aparato estatal para secuestrar? Para algunos jueces, sí; para varios especialistas, no. Más allá de esta discusión, la detención parece ser el primer paso de una estrategia oficial para perseguir a otros civiles y empresarios y presionar sobre empresas. Un camino peligroso e imprevisible.

Es incuestionable que policías porteños montaron una red de escuchas telefónicas. Pero ¿no es un exceso que el juez Norberto Oyarbide le impute ser el jefe de una asociación ilícita? El kirchnerismo ya cobró varias víctimas con denuncias nunca probadas en contra de Enrique Olivera, Luis Juez y otros políticos opositores.

Temas de la JusticiaManiobras que debilitan la democracia

Adrián Ventura

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lanacion.com | Política | Jueves 6 de mayo de 2010