Se cumplio 1 año de la gran estafa argentina.

Se cumple un año de la sanción de la ley que dispuso la transferencia forzosa y la apropiación de los ahorros de quienes habían optado por aportar al sistema de capitalización para su futura jubilación. El tiempo transcurrido permite analizar algunos aspectos de esa medida, aunque no es suficiente para percibir consecuencias que sólo se harán evidentes en un horizonte más prolongado.

En efecto, el sistema que había sido creado en 1995 apuntaba a resolver un problema de mediano y largo plazo. Tal como había sido diseñado, el nuevo régimen complementaba en sus etapas iniciales el mecanismo estatal de reparto, pero con el correr del tiempo, en un futuro lo sustituiría gradualmente. De esa forma y con un esfuerzo fiscal importante durante los primeros años, se planificó sustituir un sistema que iba inevitablemente a la bancarrota, o que para evitarlo demandaba el desvío y la absorción creciente de otros impuestos.

Se dispuso que el 15 por ciento de los impuestos coparticipables se canalizaran al pago de las jubilaciones estatales para enfrentar la transición. El régimen de capitalización, que se demolió de un solo golpe hace un año, tenía un objetivo de largo plazo y respondía al criterio equitativo de hacer corresponder el esfuerzo realizado durante la etapa laboral con el beneficio jubilatorio. No obstante, no dejaba de lado la solidaridad, expresada en la llamada prestación básica universal.

Se sospechó que el cambio obedeció más a inminentes necesidades fiscales que a pretendidos objetivos estructurales o doctrinarios, y la sospecha hoy se comprueba cuando se observa que el precario superávit primario de 2009 hubiera tenido signo negativo si el fisco no hubiera contado con el flujo de fondos que antes se canalizaba a las cuentas particulares administradas por las AFJP. Alrededor de 10.000 millones de pesos fueron reorientados a la caja estatal durante los primeros nueve meses del corriente año, cifra superior al superávit primario de 8550 millones obtenido en este mismo periodo.

El retorno de estos aportes a la caja del Gobierno no se correspondió, como debería haber sido, con la devolución a las provincias del 15 por ciento de los impuestos coparticipables. Pero, además, el Estado se apropió de los aportes acumulados durante los trece años anteriores por un monto algo superior a 90.000 millones de pesos. Este dinero que era administrado por las AFJP de manera de preservar su valor real y además generar una renta en beneficio de quienes eran sus titulares, pasó ahora a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), manejado por la Anses.

Podrá haber críticas sobre la eficiencia de las administradoras privadas o sobre el nivel de sus comisiones. Todo eso era perfectible, pero queda claro que en el año transcurrido bajo la administración de la Anses, esos fondos han sido utilizados en apoyo de necesidades fiscales y de políticas del Gobierno, en lugar de privilegiar el resultado para los futuros jubilados.

Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo se han hecho a tasas de interés menores que las del mercado, debiendo los bancos aplicarlos a financiar la compra de automóviles o heladeras dentro de planes oficiales pomposamente anunciados desde el atril presidencial. Se presta a empresas y proyectos en forma discrecional y se han suscripto reiteradamente emisiones de títulos públicos nacionales, y ahora también provinciales. El reciente programa de un subsidio a la niñez, cuyo objetivo no está en discusión, será solventado también por la Anses.

Las cifras publicadas sobre el saldo del FGS que parecerían indicar hasta un leve incremento nominal no se ocupan de aclarar su creciente irrecuperabilidad e iliquidez, ni tampoco el deterioro real producido por la inflación. La comisión bicameral tardíamente constituida para controlar el correcto uso del FGS no parece estar en condiciones de corregir su utilización discrecional siguiendo dictados políticos y urgencias presupuestarias del Poder Ejecutivo Nacional.

Debe reconocerse que durante los trece años de vigencia del sistema de capitalización, los sucesivos gobiernos les impusieron a las AFJP la absorción de bonos estatales en una proporción mayor a la que prudencialmente se había previsto.

Sin embargo, hubo una gestión razonable y además se alimentó el mercado de capitales permitiendo al sector privado encontrar una fuente de financiamiento que de otra forma no hubiera existido. Esta posibilidad prácticamente ha desaparecido desde que la Anses tomó los fondos.

Pero todas estas circunstancias, si bien graves, resultan menos relevantes que el agravio al derecho de propiedad que constituyó la confiscación lisa y llana de todo lo ahorrado y aportado por cada afiliado. Además, se agrega la hipocresía de buscar el apoyo o al menos la resignación, mediante la promesa incumplible de un futuro mejor beneficio jubilatorio.

A un año de la contrarreforma previsional podemos comprobar el uso incorrecto de los fondos confiscados y la probabilidad de que sean irrecuperables o se esfumen antes de que quienes los constituyeron con su esfuerzo lleguen a su edad de jubilación. Ni siquiera se han devuelto los aportes voluntarios a quienes creyeron, como la ley les decía, que su propiedad y preservación estaban aseguradas.

Editorial IA un año de la reforma jubilatoria

Con la eliminación de las AFJP, el Estado se apropió de los fondos previsionales y los emplea para cubrir necesidades fiscales

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lanacion.com | Opinión | Mi?oles 4 de noviembre de 2009