En la Argentina, el trabajo policial es uno de los más precarizados en cuanto a las condiciones simbólicas y materiales de sus trabajadores, es decir, los policías. Muy pocos oficios tienen como singularidad la posibilidad cierta y tangible de que el trabajador muera o resulte lesionado durante su desempeño laboral. Esta posibilidad fatal no está presente en todas las actividades o especialidades policiales, ni lo está todo el tiempo, pero sí es habitual en algunas tareas específicas de alto riesgo. Lo cierto es que esa potencialidad, aun limitada, convierte el oficio policial en una labor extraordinaria.
Además, el policía operativo está todo el tiempo en contacto directo o indirecto con situaciones de violencia extrema, violaciones, asesinatos, accidentes fatales, riñas, mutilaciones y todo tipo de miserias y ultrajes. Convive y se relaciona como ningún otro actor social o institucional con asesinos, embusteros, traficantes, golpeadores, violadores, explotadores, corruptos y maleantes.
A ello se añaden cuatro condiciones de precariedad laboral que no son compartidas, en su conjunto, por ningún otro sector de la administración pública:
1) Los policías tienen salarios nominales y reales muy bajos, insuficientes para mantener mínimamente a sus familias sin necesidad de recurrir al doble empleo mediante la prestación de servicios policiales adicionales, de seguridad privada o cualquier otra changa, generalmente desarrollada "en negro". Asimismo, en estas labores paralelas, los salarios también son bajos. Ello hace que un policía difícilmente pueda dedicarse a su oficio de manera integral o a tiempo completo.
2) Trabajan en condiciones materiales e infraestructurales altamente deterioradas. El deterioro edilicio de las dependencias policiales, así como la falta de planificación y desarrollo logístico adecuado al trabajo policial, constituyen deficiencias tangibles. A ello se añade la insuficiente flota de vehículos y móviles policiales, y el atraso tecnológico en el sistema de comunicaciones. Algo análogo ocurre con los sistemas técnico-operacionales, el armamento y el equipamiento de investigación utilizados por nuestras policías: en general, resultan exiguos, vetustos o inadecuados. En definitiva, se trata de un ambiente material que irremediablemente deteriora las condiciones de trabajo policial.
3) Reciben una educación profesional deficiente, enmarcada en una institucionalidad militarizada y articulada básicamente en torno del entrenamiento disciplinario de orden cerrado, en el que lo único que vale es la sumisión ciega al superior en desmedro del discernimiento responsable. Marchar marcialmente, taconear, hacer la venia y cuadrarse constituyen gestos que son objeto de un trabajoso entrenamiento, pero no se pone el mismo énfasis en la formación de conocimientos y destrezas prácticas, ni en la adquisición de competencias profesionales que sirvan de base para los ascensos jerárquicos o la ocupación de cargos orgánicos. Y su educación formal, casi siempre episódica y escasa, tiene poco que ver con las prácticas y los valores concretos que se reproducen en las unidades policiales en las que transcurre el grueso de sus vidas laborales.
4) No están agremiados en sindicatos o asociaciones abocadas a la defensa de sus derechos profesionales. Tampoco cuentan con un defensor ( ombudsman ) o promotor dentro de la institución. Sus derechos no son cotejados por los organismos de derechos humanos y los sectores progresistas, que observan a las instituciones policiales como organizaciones mafiosas, represivas y corruptas. Para ellos, no vale escudriñar sobre las condiciones estructurales que favorecen las prácticas abusivas o deshonestas ni las violaciones a los derechos o la explotación laboral a que son sometidos la gran mayoría de los policías. Nadie, absolutamente nadie, parece entender que un policía cuyas libertades y derechos han sido pisoteados durante décadas difícilmente se convertirá en un servidor público abocado a preservar las libertades ciudadanas y a proteger los derechos de las personas.
Estas condiciones de precariedad laboral han sido exitosamente ocultadas por actores que se esfuerzan en impedir la visibilidad de estos asuntos. En primer lugar, el comisariato, garante de que las instituciones policiales sobrevivan aun estando colapsadas. Estas instituciones cuentan con un presupuesto masivamente destinado a pagar los magros sueldos de uniformados mayoritariamente abocados a labores administrativas y de apoyo, ajenas al control del delito. Sólo una parte exigua de la dotación de personal se dedica al desarrollo de labores operativas de prevención e investigación del delito. A cambio de gestionar este caos organizacional, el comisariato, salvo contadas excepciones, obtiene una masa de ingresos propios de gerentes de empresas transnacionales, autonomía operacional y poder político.
En segundo término, la clase política argentina, que ha delegado de manera recurrente el gobierno de la seguridad pública -un derecho de la ciudadanía y un deber de sus gobernantes- en el comisariato, y ha permitido ocultar la precariedad laboral de los policías. Así, los gobernantes -de derecha, de centro o de izquierda, sin distinción- no gobiernan la seguridad; los legisladores, nacionales y provinciales, miran para otro lado, por lo que perpetúan perversamente las bases legales y presupuestarias de este sistema institucional, que data de décadas, y los partidos políticos se convierten en maquinarias expertas en desconocer este problema y en sacarlo de la agenda política.
Y, finalmente, está la academia progresista, que es naturalmente proclive a interpretar y explicar, a través de sofisticados relatos sociológicos, por qué y cómo un niño se convierte en "pibe chorro", pero tiene una dificultad ontológica para abordar con esa misma destreza conceptual y teórica por qué y cómo un joven policía honesto se convierte, al tiempo, en un policía abusador, violento o corrupto. El "pibe chorro" es el resultado casi inevitable de la marginalidad social. Eso es cierto. Pero para el progresismo académico ese enfoque no sirve para dar cuenta de la violencia ilegal y de la corrupción regulatoria del delito como práctica ampliamente extendida en las instituciones policiales. Estos fenómenos no parecen ser emergentes de la pronunciada descomposición y pobreza institucional de las policías, de la precarización laboral de sus trabajadores de gorra y de la perversa ausencia de conducción política, sino que son resultado de una maldad congénita, que es natural en todo policía y que sólo algunos consiguen contener, casi por arte de magia.
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