Estos porcentajes, que permiten la designación de uno o más directores por aplicación del voto acumulativo, han sido alcanzados al agruparse ahora en la Anses las tenencias que antes operaba más de una administradora, ya que el máximo que la ley les permitía era de un 5 por ciento de una misma compañía.
Esa disposición de la anterior regulación y la de no designar directores respondían al sano criterio de no involucrar a las AFJP en tareas o responsabilidades y riesgos que no les correspondían. La inversión de los fondos en acciones cumplía un objetivo en favor de los aportantes de dispersar los riesgos y potenciar los rendimientos.
En oportunidad de aprobar la fusión entre Siembra y Met, la Superintendencia de AFJP dictaminó que al conjunto fusionado se le aplicaban las mismas limitaciones y que las tenencias de más del 5 por ciento debían ser vendidas en los mercados. Es decir que, conforme los principios y fundamentos antes desarrollados, el criterio de la Superintendencia fue el de aplicar las limitaciones que surgían de la ley y los reglamentos y no permitir que la sumatoria de las tenencias de ambas AFJP superara los límites.
Conociendo esta regla, las empresas del sector privado que hacían oferta pública de sus acciones encontraron una fuente genuina de capital y accedieron a él sin imaginar que en algún momento encontrarían al Estado sentado en sus directorios. Pero el paso dado por el actual gobierno ha permitido que esto ocurra, lo que dio lugar a un nuevo caso de modificación de reglas cuya estabilidad es condición necesaria para sostener la seguridad jurídica.
El ex presidente Néstor Kirchner ha dicho en sus discursos de campaña que la designación de directores estatales se ha hecho "para cuidar la platita de los argentinos". Expuso así la hipótesis ofensiva e ideologizada de que los accionistas y directores privados no cuidan los intereses de sus empresas. Parece no haber advertido aún que ese tipo de discurso ha contribuido a que la Argentina haya perdido todo papel relevante en la atracción de inversiones y esté exponiendo hoy niveles récord de fuga de capitales.
Tampoco advierte Kirchner que está olvidando compromisos que facilitaron al Poder Ejecutivo lograr que la ley de confiscación de los fondos jubilatorios lograra las mayorías necesarias en el Congreso. En efecto, el texto de la ley no contenía limitación alguna para el ejercicio del derecho de voto, pero luego esa limitación fue negociada en Diputados para obtener conformidades de miembros disidentes. La versión taquigráfica explica claramente el punto, e incluso Amado Boudou aseguró que no era interés de la Anses ni del Poder Ejecutivo designar directores. Con estas aclaraciones, la ley fue aprobada en el Congreso. Pero ahora se advierte que la promesa fue incumplida.
Hasta ahora, las designaciones de directores han recaído principalmente en sindicalistas, abogados relacionados con el sindicalismo y ex funcionarios. Debe recordarse que la ley de sociedades define que un director debe actuar y regir su conducta en pro y en beneficio del interés de la sociedad y no del accionista. Esto no parece conciliar con el doble rol que en los hechos cumplirán los directores estatales.
Ante la desaparición de la Superintendencia y la no constitución de la comisión bicameral de seguimiento, no existe ninguna forma de control de las inversiones que realiza la Anses.
Este tema es aún más grave que el de los directores en sí mismo, ya que el principal operador del mercado de capitales de la Argentina utiliza fondos jubilatorios para invertir a su solo arbitrio, colocando en serio riesgo el futuro del sistema previsional.
La participación estatal en el capital de empresas privadas no debe confundirse con lo que ha ocurrido últimamente en los Estados Unidos y en otros países como consecuencia de la crisis internacional. Allí hubo una inyección de capital, mientras que aquí, con el modelo Anses, simplemente se ha nacionalizado capital existente.
No debemos dejar de mencionar por último que la inclusión de directores estatales con instrucciones decididas en estamentos superiores implica la filtración de información de la empresa hacia ámbitos ajenos e incluso hostiles a ésta, al tiempo que hasta podría favorecer negocios paralelos lindantes con la corrupción.
Detrás de este intervencionismo estatal en el sector privado no hay un proyecto de país, sino tan sólo un proyecto de poder, por el cual se pretende controlar hasta los más mínimos actos de algunas empresas.
Editorial IAvance K sobre los directorios
La designación de directores en empresas por parte de la Anses es una nueva intromisión estatal en la esfera privada
lanacion.com | Opinión | Martes 12 de mayo de 2009
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