Nuestro país no merece la humillación del embargo de cualquier bien público que asome sus narices en el exterior.

El embargo de las cuentas bancarias de la embajada argentina en París ha sido una clara señal hacia nuestro gobierno de que la ruptura y el desconocimiento de las reglas tienen un límite.

La medida derivó de una sentencia judicial que acogió favorablemente el reclamo de tenedores de bonos argentinos que no aceptaron la oferta de canje en 2005. En la esencia jurídica del tema no interesa si se trata del reclamo de un fondo "buitre" o de pequeños ahorristas. Se trata de quienes tienen bonos emitidos por el gobierno nacional, cuyos pagos están incumplidos y que no aceptaron en 2005 canjearlos con una pérdida que por su magnitud no guardaba antecedentes en las reestructuraciones de deuda soberana. Desde aquel momento esos bonistas fueron desconocidos por el emisor, al punto que dejaron de estar incorporados a las estadísticas oficiales de la deuda pública argentina.

Las autoridades argentinas han reclamado amparándose en la Convención de Viena, que establece la inembargabilidad de los bienes de las representaciones diplomáticas. Sin duda este fundamento es válido y el embargo probablemente será dejado sin efecto. Pero ya anteriormente, en noviembre de 2008 y luego de que se estatizaran los fondos administrados por las AFJP, el juez neoyorquino Thomas Griesa había dictado un embargo, que sigue vigente, sobre fondos que las administradoras tenían en los Estados Unidos.

Cualquiera sea el resultado de estos intentos de embargo, estos hechos deben tomarse como un severo llamado de atención sobre los extremos a los que se ha llegado por el incumplimiento por parte del Estado argentino de obligaciones nacionales e internacionales. No sólo hay deudas sobre las cuales no se pagan intereses ni capital desde hace más de ocho años, sino también sentencias desfavorables relacionadas con concesiones de servicios públicos que estaban amparadas por convenios internacionales de protección de inversiones. Los bonistas y acreedores del exterior han recibido mejor acogida en tribunales internacionales que la que los residentes argentinos damnificados por el mismo motivo han tenido en la justicia local. Esta ha estado acotada por una legislación ad hoc dictada oportunamente por un Congreso dispuesto a darle un marco jurídico de dudosa constitucionalidad a los excesos gubernamentales que acompañaron el default y la salida de la convertibilidad. Debe reconocerse que ciertas decisiones del poder político desde mayo de 2003, sumado a un Consejo de la Magistratura que amenaza a jueces independientes, condicionaron el espacio de acción de una Justicia temerosa. La tajante condena presidencial a los bonistas que no adhirieron al canje y su posterior desconocimiento los convirtió, al menos hasta hace un año, casi en innombrables.

Nuestro país no merece la humillación del embargo de cualquier bien público que asome sus narices en el exterior. No sólo por orgullo nacional, sino también por necesidad. La situación fiscal de la Nación y de las provincias se agrava día tras día y está en riesgo la capacidad de cumplir con los pagos externos.

No habrá forma de incrementar significativamente los recursos en el entorno recesivo en que ha entrado nuestra economía. El camino es el del trabajo serio en la reducción estructural del gasto público, enfrentando las necesidades de pagos de la deuda mediante el acceso al crédito externo. Esto exige recomponer las relaciones con el mundo, cumpliendo las reglas esenciales de la convivencia internacional y de la seguridad jurídica. La reciente reunión del G-20 ha establecido ciertas pautas de mayor control y canalización de fondos para evitar en el futuro la repetición de las condiciones que desembocaron en la actual crisis internacional. Entre ellas, se ha asignado un rol destacado al Fondo Monetario Internacional, que debería ser el paso más lógico para que nuestro país acceda a una parte sustancial del crédito que necesita. Lo que ha quedado claro es que no habrá cambios en la esencia jurídica y moral de las reglas que los países deberán respetar para no quedar fuera de las corrientes de ayuda, del crédito y de las inversiones. Es de esperar que el gobierno de Cristina Kirchner sepa hacer la lectura correcta.

La Nacion