Una de las características más relevantes de la globalización es la creciente importancia relativa de su dimensión financiera, cuyo impulso decisivo puede situarse en la decisión de la administración Nixon, en 1971, de suspender, de modo unilateral, la convertibilidad del dólar con el oro y, también, por el aumento del precio del petróleo decidido por la OPEP en 1973.
Según el Banco de Ajustes de Basilea, los movimientos internacionales de capitales pasaron de representar alrededor del 5% del PBI mundial, en 1990, al 20%, en 2007.
En ese contexto de auge del aspecto financiero de la globalización, corresponde analizar el papel de los Centros Financieros Extraterritoriales (CFE), también conocidos por su denominación en ingles: off shore banking centres. Los CFE, según un estudio de 1998 de las Naciones Unidas sobre refugios financieros, secreto bancario y lavado de dinero, se distinguen por poseer algunos de los siguientes atributos: 1) inexistencia de acuerdos con terceros países para compartir información impositiva; 2) disponibilidad para constituir sociedades comerciales de manera inmediata; 3) leyes de protección del secreto empresario; 4) rígidas normas sobre secreto financiero; 5) gobiernos relativamente invulnerables a presiones externas, y 6) alta importancia relativa del sector financiero en la actividad económica
Si bien es cierto que estos CFE proveen servicios para actividades legalmente reconocidas, los fondos depositados con origen irregular fueron estimados, en un estudio del FMI de mediados de los años 90, en un volumen de 500 billones de dólares.
Por cierto que la situación no es novedosa. De hecho, los que han buceado en la historia del lavado de dinero sugieren que el capomafia de los Estados Unidos Meyer Lansky fue, en la década de los 60, de los primeros en aprovechar las oportunidades que el sistema financiero internacional ofrecía a sus ilegales actividades. El mismo propósito de evitar la acción regulatoria de los Estados Unidos llevo a que la propia URSS constituyera depósitos en dólares en bancos comerciales del Reino Unido, aun antes del inicio de la Guerra Fría.
Las ventajas legales y tributarias hacen que las CFE puedan ser utilizadas por agentes económicos que se desenvuelven en la legalidad. En el caso de las empresas transnacionales, para maximizar las ganancias en regímenes con bajos impuestos; los individuos y las empresas, para proteger sus activos de potenciales reclamos de agentes con derechos sobre ellos o de potenciales embargos, y los inversores, para minimizar el pago de impuestos y evitar la declaración de las inversiones.
La existencia de los CFE, como resulta obvio, tiene consecuencias negativas para el resto de los países que no pueden ejercer plenamente su soberanía en el diseño de su política tributaria. De ahí que el Congreso de los Estados Unidos haya encargado un estudio, concluido en diciembre del año pasado. Estos son sus resultados:
l Ochenta y tres de las cien mayores corporaciones norteamericanas informan tener subsidiarias en algunas de las 50 jurisdicciones identificadas como refugios fiscales.
l Además, 74 de esas 83 corporaciones tuvieron contratos con el gobierno federal en el año fiscal 2007.
l Una única empresa de las 83, con actividad en el sector financiero, reconoce tener 427 subsidiarias en diversas jurisdicciones consideradas refugios fiscales.
Por su parte, cuando las instituciones financieras establecen subsidiarias en los CFE esto les permite no sólo aprovechar las ventajas de sistemas con nula o baja tributación, sino también eludir requisitos regulatorios en las jurisdicciones en las cuales operan lo que amplifica, dramáticamente, los riesgos en el funcionamiento del sistema financiero.
¿El fin de los refugios fiscales?
Jesús Rodríguez
lanacion.com | Opinión | Mi?oles 1 de abril de 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario