Los conflictos sindicales no pueden vulnerar el derecho a la educación privando de días de clases a los alumnos.

El año lectivo iniciado en marzo se ha ocupado con negociaciones que no concluyen y paros de distinta duración. Lo único cierto es que son los alumnos quienes pierden algo irrecuperable: el tiempo de aprender. Por otra parte, las rutinas de la vida familiar, planificadas a partir del comienzo del año lectivo, ven alteradas la organización hogareña y laboral ante la irregularidad de una escuela oficial en constante suspenso.

El lamentable panorama actual de la actividad educativa se caracteriza por las protestas con cortes de calles, abrazos simbólicos a escuelas y anuncios de reuniones para debatir el tema salarial en la jurisdicción porteña. En la provincia de Buenos Aires, paros luego de rechazar la oferta gubernamental de aumento; en Entre Ríos, docentes que no trabajarán medio turno; en Santa Cruz, huelga de un día en reclamo de mejoras salariales y, simultáneamente, en Río Negro, rechazo de la oferta del gobierno provincial y continuación de la huelga que ya lleva más de veinte días en esa provincia.

Ante este cuadro, cabe preguntarse qué sentido tiene discutir mejoras, introducirlas en los programas y planificar su inserción si después la actividad escolar está condicionada a los reclamos salariales nunca satisfechos o a propuestas siempre insuficientes. Entre escolares sin ocasión de concentrarse en los estudios y docentes desconcentrados por sus reclamos y actos de protesta, la escuela no puede cumplir su función esencial.

Lamentablemente, se vive en una latente contradicción. Por una parte, se exalta el valor de los derechos humanos que deben ser respetados y ejercidos, y, por otra, la misma escuela que lo enseña niega a los alumnos, en estas circunstancias, el derecho de aprender.

Se cuenta con una ley educativa casi flamante, la 26.206, de 2006, que estableció un calendario obligatorio de 180 días, con la garantía adicional de su cumplimiento, formalmente acordada por los gobiernos de todas las jurisdicciones. No obstante, lo escrito y firmado se convierte en letra muerta cuando la escuela se torna una institución de funcionamiento intermitente.

En momentos de exacerbada retórica, funcionarios y sindicalistas afirman que la educación es la primera prioridad, frase redundante cuyos efectos parecen disiparse al concluir febrero. Debe tenerse muy claro que la actividad escolar es para los chicos no sólo la oportunidad de adquirir conocimientos, sino de formarse en el respeto por las normas, de contraer hábitos de trabajo y disciplina, de entender los límites que han de tener las conductas para que sea posible una convivencia positiva en la cual todos se sientan considerados.

Desde luego, los conflictos docentes reducen esos logros de la formación moral y social de los alumnos, y las buenas palabras pierden significado cuando en la práctica no se cumplen.

Editorial ILa escuela en suspenso

Los conflictos sindicales no pueden vulnerar el derecho a la educación privando de días de clases a los alumnos

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lanacion.com | Opinión | S?do 28 de marzo de 2009