La ausencia del diálogo indispensable para que cualquier decisión arroje frutos no puede ser reemplazada por ningún gesto dadivoso.
Mientras la jefa del Estado formulaba sus anuncios ante un auditorio en el cual los productores agropecuarios brillaban por su ausencia, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, pedía suspender las retenciones mientras durara la emergencia y el mandatario bonaerense, Daniel Scioli, impresionado en su recorrida por zonas azotadas por la sequía, reconoció que "esta vez el campo tiene razón". Constituye, sin dudas, un duro llamado de atención a la política oficial.
Entre los anuncios realizados, se cuenta la concesión de préstamos para la adquisición de maquinaria agrícola con el doble propósito de activar al agro y a la industria del interior. No parece haberse tenido en cuenta la mermada capacidad de los productores para afrontar costosas inversiones en un contexto de crisis e incertidumbre ahondada por la sequía, con las pérdidas consiguientes de capital.
Razonablemente equipados durante los últimos años, la actitud previsible, en particular de los pequeños y medianos agricultores, será la prudencia en invertir y gastar. En lo referente al propósito de establecer una equivalencia entre la evolución de los precios de los granos y los correspondientes a los fertilizantes y plaguicidas, resulta difícil comprender la metodología por aplicar para semejante logro.
En todo caso, la medida parece tener la impronta del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La misma impronta ha gravitado en el programa de engorde de 200.000 terneros de tambo en cinco megaunidades de engorde a corral. El anuncio de hace apenas un mes ha debido tener cambios sustanciales, que pronto chocarán con la realidad, obligando, si se persiste en ello, a la asignación de subsidios para enmascarar el fracaso.
Un tema aparte es la decisión de no aumentar el peso mínimo de faena de vacunos que, según la regla existente, debían subir, atendiéndose así a una aspiración generalizada. La pregunta en todo caso consiste en si esos pesos mínimos de faena son convenientes por restar libertad de maniobra a la producción, más aún en la presente sequía, cuando las decisiones de venta de los animales obedecen a situaciones imprevisibles.
El campo requiere otras determinaciones. En el contexto económico actual, sumado a la impresionante sequía vigente, no se entiende el mantenimiento de impuestos a las exportaciones del orden del 35 por ciento para la soja, del 32 por ciento para el girasol, y del 23 y el 20 por ciento para el trigo y el maíz, respectivamente. A estos últimos, además, se les imponen frecuentes prohibiciones a las exportaciones. No se justifica tampoco la persistencia de los registros de exportaciones de lácteos y carnes vacunas o sus precios máximos.
La tradicional declaración de emergencia y de desastre agropecuario, plasmada en una ley nacional de aplicación habitual en estos casos, ha sido reclamada por productores, gobernadores e intendentes. Esta ley constituye un marco para prórrogas y alivios impositivos, créditos y otras medidas que faciliten la sustentación de la producción.
Desde hace cinco años el sector agropecuario nacional no deja de cosechar decisiones contrarias a su desenvolvimiento, sazonadas con agravios públicos de variada naturaleza desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Editorial IEl campo tiene razón
Las medidas para el sector rural anunciadas desconocen la realidad de la actividad y demuestran la falta de diálogo
lanacion.com | Opinión | S?do 17 de enero de 2009
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