El año que termina podrá ser recordado en la Argentina como el del crimen organizado. Matanzas a manos de sicarios, descubrimiento de operaciones de carteles extranjeros del narcotráfico, actividades delictivas de la mafia siciliana, incremento del consumo de cocaína y de paco, red de producción y exportación de efedrina, vinculaciones entre empresarios de esa red con el mercado negro de medicamentos y con el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Son tantos y tan graves los hechos que han salido a la luz que parece no haber tiempo para procesarlos y tomar plena conciencia de la magnitud de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad.
Este tétrico paisaje no significa que el crimen organizado se haya instalado entre nosotros durante este año que llega a su fin. Los hechos que salieron a la luz revelan una realidad que viene de antes, pero que crece en forma incesante. Quizá su única virtud sea la de obligarnos a calibrar la dimensión del fenómeno y la necesidad de adoptar medidas de fondo para combatirlo. Veamos algunos de los casos más resonantes.
A poco de iniciado el año un sicario asesinó de un disparo en la cabeza a Gabino Sánchez, responsable de la Aduana de Bernardo de Irigoyen, en Misiones. Sánchez investigaba operaciones de contrabando realizadas mediante la manipulación del sistema María, que controla las importaciones y exportaciones. El caso permanece impune.
A plena luz del día, otros sicarios asesinaron al segundo jefe del cartel colombiano de la Cordillera, en Unicenter.
El mismo procedimiento, que siempre encierra un mensaje mafioso, se empleó para ajusticiar en General Rodríguez a Sebastián Forza y otros dos jóvenes empresarios vinculados con oscuros negocios con medicamentos. No sólo no se ha esclarecido el crimen, sino que tampoco el Gobierno ha explicado cómo fue posible que alguien como Forza, con empresas quebradas y deudas, fuera un aportante de la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
En Maschwitz se halló un laboratorio de drogas sintéticas operado por narcotraficantes extranjeros.
Más de veinte laboratorios de cocaína se desarticularon en grandes ciudades del país, lo cual confirma el grado de penetración del narcotráfico. A esto debe agregarse el consumo cada vez más masivo del paco, que se obtiene de los residuos de la producción de la pasta base de la cocaína. Esta droga que destruye el cerebro de nuestros jóvenes también suele llevarlos a delinquir para mantener su adicción. Un informe del Sedronar indica que podría haber hasta 250 laboratorios de drogas ilegales operando en el país.
La detención de miembros de la mafia siciliana reveló que importaban cocaína para contrabandearla de la Argentina a Italia, previo paso por otros países europeos.
Un informe de las Naciones Unidas señala que la Argentina es el principal consumidor per cápita de cocaína en toda América latina y el segundo de marihuana. La amplitud y facilidad para conseguir estas drogas indican cuánto se han perfeccionado el tráfico y la red de venta.
El récord del decomiso de drogas se alcanzó en 2008. Se incautaron cargamentos de 750 kilos o más. Los niveles de decomiso muestran un aumento interanual del 50 por ciento. La pregunta es si el sistema de combate del narcotráfico es más eficaz o si cada vez más droga surca nuestro país para el consumo interno. La experiencia internacional indica que los mayores decomisos obedecen a un mayor tránsito y consumo.
Más del 90 por ciento de nuestro espacio aéreo permanece sin radarizar. Brasil, con una superficie sensiblemente mayor, ha radarizado todo su espacio aéreo. Esta grave falencia ha sido una constante durante los últimos gobiernos y cabe preguntarse si obedece a la simple desidia o a la complicidad con el narcotráfico.
Finalmente, y para ensombrecer aún más esta siniestra realidad, el Gobierno ha impulsado y logrado la aprobación, con un trámite parlamentario de sólo dos semanas, de una ley de blanqueo de capitales, que no es otra cosa que una ley de lavado de dinero. Se permitirá el ingreso desde el exterior de capitales cuyos dueños -o testaferros- no deberán explicar cómo los obtuvieron. El sueño de los lavadores de dinero.
Si todos los puntos reseñados anteriormente son graves, esa ley es quizá la peor señal ya no de la falta de voluntad del Gobierno para luchar contra el crimen organizado, sino de su interés por darle cobijo. La ley rompe el principio fundamental de la lucha contra el lavado de fondos ilegales en el mundo, la mayoría de los cuales provienen del narcotráfico, del tráfico de armas y de personas, y del terrorismo. Ese principio fundamental es conocer el origen del dinero. Con la nueva norma violamos, además, tratados firmados por la Argentina.
El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, se ha expresado con realismo al admitir el peso del narcotráfico en el territorio nacional. En cambio, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, ha dado una nueva prueba de una preocupante ceguera al afirmar que los carteles de la droga no operan en la Argentina.
Todos estos indicios dan una pauta del riesgo que se corre si se sigue sin atender con la debida seriedad un problema que, como sucedió en México, pasó a ser un drama y derivó en los últimos años en una guerra que en 2008 se cobró 5300 vidas.
Editorial I2008, año del crimen organizado
La ley de blanqueo de capitales permite preguntarse si se ha iniciado un maridaje entre organizaciones mafiosas y políticas
lanacion.com | Opinión | Martes 30 de diciembre de 2008
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