Sólo un control independiente y permanente, con reglas claras emanadas de las leyes, puede ponerle coto a la impunidad.

Como nunca antes, los organismos oficiales encargados de controlar a los funcionarios públicos y a las empresas y organismos estatales han visto recortadas sus atribuciones y sus presupuestos durante el kirchnerismo, por lo que puede hablarse ya de una premeditada falta de control tendiente a asegurar la impunidad del matrimonio presidencial y sus funcionarios.

Un relevamiento del funcionamiento de los cuatro principales órganos de control publicado por LA NACION revela esta preocupante realidad que obedece a una política muy definida. Néstor Kirchner la puso en marcha durante su gobernación en Santa Cruz, cuando forzó el desplazamiento del entonces procurador general Eduardo Emilio Sosa, quien no estaba dispuesto a ceder su independencia. Este modelo de gobernar sin tener que rendir cuentas lo trasladó Kirchner a la Presidencia y se perfeccionó durante el gobierno de su esposa. Mientras crecen las denuncias de hechos de corrupción, el Gobierno domesticó a la Justicia debido al control que ejerce sobre el Consejo de la Magistratura.

Al mismo tiempo, se ha minimizado el poder de auditoría y de denunciar de organismos clave, como la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General de la Nación, máximo organismo de control de las cuentas del Estado, y los organismos de control interno de la administración pública, como la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, y la Sindicatura General de la Nación.

Los principales problemas que afectan a estos organismos -algunos datan de hace años, pero se acentuaron durante el kirchnerismo- son la poca autonomía para investigar, la excesiva politización, el escaso presupuesto, las reformas normativas que restringieron sus tareas o los baches legislativos que impiden su adecuado funcionamiento. Esto último es lo que ocurre con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas: erróneamente se ha dicho que la Procuración General de la Nación, de la cual depende, le ha recortado sus funciones, cuando lo que ha hecho la Procuración es aplicar la ley.

En algunos casos, la voluntad de algunos titulares, como Leandro Despouy en la Auditoría General de la Nación, ha impedido que el daño ocasionado fuera mayor.

Pero es inconcebible que tareas esenciales para el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, como son las del control, queden libradas a la mayor o menor voluntad de un auditor o fiscal, voluntad que nunca alcanzará a superar las trabas en aumento.

Aunque parezca paradójico, la política oficial de paralizar los controles se ha visto favorecida por el desinterés de la oposición que, mientras ha realizado denuncias de presuntos hechos de corrupción, ha demorado en proponer en el Congreso proyectos para rediseñar y ampliar las facultades de los organismos de control. Por ejemplo, es absurdo que algunos dependan del Poder Ejecutivo o de la Procuración General, y que no cuenten con los fondos necesarios para poder actuar. En este sentido, hay que rescatar una reciente iniciativa de los diputados del radicalismo, la Coalición Cívica y Pro, quienes días atrás presentaron un proyecto para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Editorial IISin órganos de control

Debe ser corregido el modelo de gobernar sin tener que rendir cuentas, profundizado durante el gobierno de Kirchner

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lanacion.com | Opinión | Domingo 30 de noviembre de 2008