Se trata de un hecho sin precedente y, por cierto, preocupante. No sólo por el nefasto método aplicado, sino también por la inaceptable inacción gubernamental, policial y judicial frente a semejante atropello, concerniente a uno de los valores fundamentales de toda república. En efecto, se amenazó con coartar las libertades de prensa y de expresión, únicas garantías de las sociedades libres y democráticas.
Con la cuestionada protesta gremial, Pablo Moyano, hijo del secretario general del sindicato de camioneros, quiso cambiar el encuadramiento gremial de quienes tienen a su cargo la distribución de diarios, revistas y afines, empresas ajenas a LA NACION y Clarín . Es público y notorio que Pablo Moyano actúa en sintonía con su padre, quien, a su vez, es uno de los dirigentes que más concesiones logró del gobierno kirchnerista.
Es irritante, más que llamativo, que las autoridades gubernamentales, en lugar de expresar su preocupación por el hecho delictivo en sí, sólo hayan dejado trascender su inquietud por la posibilidad de que los importantes anuncios económicos efectuados ese día por la Presidenta, y que fueron tapa de los principales diarios, no llegaran a manos de los lectores. Deberían valuar en su justa medida que el Código Penal, en su artículo 161, referido a los delitos contra la libertad de prensa, dice en forma textual: "Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico".
Son valederas las expresiones de repudio emitidas por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras instituciones, así como por el arco político opositor, tanto por los hechos en sí, condenables desde todo punto de vista, como por la nula reacción de un gobierno que, a tono con la escuela de permisividad instaurada por el ex presidente Kirchner en este aspecto, no ha sido capaz de inmutarse frente a la gravedad de la situación.
En personajes de mucho poder y escaso vuelo como Moyano y sus secuaces es frecuente la vía de la prepotencia como parte de la resolución de un conflicto que, en el fondo, toma a los diarios como rehenes de una disputa entre sindicatos. No merece la Argentina que uno de sus derechos fundamentales, la libertad de prensa, corra peligro de ser vulnerado por actitudes patoteriles por las cuales ni la Presidenta ni sus ministros parecen preocuparse. Es tan grave la agresión como el silencio frente a ella, sobre todo de quienes se supone que deben velar por la democracia, la libertad y el sistema republicano.
Hasta quienes comulgan con el Gobierno y sus actitudes, en especial aquellas que lindan procederes antidemocráticos, deberían ponderar las consecuencias de un hecho de esta magnitud. No sólo se hubiera privado a LA NACION y a Clarín de llegar a sus lectores; se hubiera privado a sus lectores de acceder en tiempo y forma a sus fuentes de formación, información y entretenimiento. Esos tres pilares, rectores del periodismo, son, a su vez, derechos resguardados por las leyes.
Estos hechos lamentables son otra muestra del profundo resquebrajamiento institucional que padece la Argentina, con un gobierno que parece sentirse cómodo con los enfrentamientos, de modo de crear antinomias y aprovecharse de ellas. En estas páginas ya hemos condenado las desembozadas apetencias de poder del líder del gremio camionero, utilizando el chantaje como vía, con el indisimulable propósito de incrementar su cartera de afiliados.
Editorial IPiquete a la libertad de prensa
No merece la Argentina que un derecho fundamental sea vulnerado por actitudes patoteriles, como las del gremio camionero
lanacion.com | Opinión | Jueves 27 de noviembre de 2008
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