No es fácil encontrar, aun en la Argentina, muchos antecedentes de semejante transferencia de recursos del sector privado al público. Tampoco de un trámite legislativo tan veloz, que en menos de un mes transformó en ley la inmediata confiscación retroactiva de ahorros a largo plazo, sin reparar en el derecho de propiedad de futuros jubilados (al menos cuatro millones de aportantes activos). Muchos seguramente recurrirán a la Justicia para tratar de preservarlos, un año después de haber optado a instancias del Gobierno por permanecer en el sistema, aun con todos los problemas que arrastraba.
Con esta ley a todo o nada, sin escalas intermedias, el país volvió a producir otro de sus clásicos movimientos de péndulo y a perder el sentido de las proporciones con respecto al largo plazo. Transmitió nuevamente la idea de que lo que es válido hoy puede dejar de serlo mañana. Que lo inmediato prevalece sobre el futuro y que los fines justifican cualquier medio. Esta lógica es válida tanto para obtener recursos fiscales como para gastarlos discrecionalmente. Para expropiar Aerolíneas Argentinas luego de haberla asfixiado con cinco años de tarifas congeladas o para dejar correr el disparate que significaría imponer una doble indemnización por ley, sin advertir que podría precipitar despidos en una economía que se desacelera y cuando el problema por ahora sólo afecta a un puñado de sectores. Todas ellas son iniciativas desproporcionadas, que impactan negativamente sobre las expectativas económicas.
En el caso de la ley que pone fin a las AFJP, puede ser que muchos de los que votaron casi a libro cerrado lo hayan hecho por instinto de preservación política: en 2009 habrá elecciones legislativas y contar con más caja fiscal es el escenario ideal para cualquier candidato en el poder. Sobre todo, si la alternativa era asomarse a un default o ajustar gastos ante el previsible debilitamiento de la recaudación. La fuerte caída en los precios de commodities como la soja y los granos también le pega al Estado aunque las retenciones no sean móviles. Algo peor le ocurre con el petróleo: con el derrumbe a 50 dólares por barril, la retención por el excedente, que llegó a superar el ciento por ciento, ahora se reduce al 20 por ciento. Para colmo, el Gobierno deberá sacrificar una parte para estimular demoradas inversiones en exploración a través del anunciado Plan Petróleo Plus, que llegó tan tarde que ya no luce atractivo para las petroleras.
A partir de esta ley votada en tiempo récord, el Gobierno compensa con creces la previsible caída de recaudación para 2009. Incluso, hasta podría subir otro 30% el gasto público primario en comparación con 2008, sin pasar por el Congreso ni siquiera tocar el stock de activos que la Anses recibirá de las AFJP. Lo llamativo es que los gobiernos provinciales hayan avalado esta alta concentración de fondos en la Casa Rosada, sin reclamar una parte de los recursos coparticipados que le habían cedido años atrás al sistema de reparto estatal. Tal vez por alguna razón desconocida, estén convencidos de que algo les tocará aunque tengan que hacer cola en Olivos. Muchos ya se acostumbraron a este método, aunque por las dudas algunos preparan sus propios aumentos de impuestos. Otra mala noticia para una economía en la que comienzan a flaquear el consumo y la inversión privada.
Si se cumplen estos pronósticos, a fin de 2009 el gasto público primario habrá superado en más de 100% al de fin de 2006, con dos elecciones mediante. Así no hay caja que aguante. De ahí se explica que los ahorros del sistema de capitalización hayan sido convertidos en un virtual impuesto cuando en realidad son una deuda a largo plazo con futuros jubilados.
Pero el gobierno kirchnerista va por más. Esta semana avanzará también en el Congreso con la prórroga del impuesto al cheque que, como tantos otros en la Argentina, nació para una emergencia y ya creció para quedarse. Nadie en el oficialismo se encargó esta vez de denostar a su creador (Domingo Cavallo) a la hora de aprobar el dictamen: en definitiva, se trata de un ingreso anual de 22.000 millones de pesos, o sea, 50% más de lo que representan los aportes anuales a la jubilación privada traspasados ahora al Estado. Tampoco de reparar que es un incentivo a operar en negro, justo cuando también desaparecen los incentivos para aportar en blanco a la jubilación. Para completar el cuadro, también prorrogará por sexto año consecutivo la ley de emergencia económica, mientras asegura que en la economía todo marcha bien pese a la crisis internacional.
Promesas para todos
Con tanta acumulación de recursos fiscales para "vivir con lo nuestro", el gobierno kirchnerista también plantea a su manera impulsar la actividad económica en un año 2009 que pinta muy poco expansivo.
El problema es que la nueva ley no crea recursos; sólo los transfiere dentro de la economía. Y aun antes de recibirlos, el Gobierno ya habló de tantos destinos probables que difícilmente ayude a aquel objetivo. Uno es estimular programas de pequeñas obras públicas en zonas de gran densidad electoral. No obstante, por ahí no debería esperarse un gran efecto reactivador: aún con el fuerte crecimiento de los últimos años, la inversión pública apenas es un 4% del PBI.
Pero no todo sería obra pública. También la Casa Rosada ilusiona a otros sectores con créditos subsidiados o un banco de desarrollo, con políticas activas para la industria, con reembolsos a la exportación, impulso a la fabricación de autos económicos, refuerzos del seguro de desempleo, aumentos en los planes sociales, reintegros impositivos para el consumo o fomento a las economías regionales. Todo sin un plan articulado con prioridades que se conozcan. Ni tampoco con rebajas de impuestos para estimular la economía en general.
Al margen de la semanaSin sentido de las proporciones
Por Néstor O. Scibona
lanacion.com | Economía | Domingo 23 de noviembre de 2008
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