En este caso, el personaje es Lázaro Báez, estrecho allegado a Kirchner que en pocos años se ha convertido en un fuerte empresario merced a la obra pública. La causa que lleva adelante Aráoz de Lamadrid se originó a raíz del caso Skanska, que no por casualidad había comenzado como una investigación de una enorme maniobra de evasión tributaria mediante el empleo de facturas falsas.
Cuando el entonces juez federal Guillermo Montenegro investigaba, el año pasado, si la constructora sueca Skanska había pagado coimas y cobrado sobreprecios en la ampliación de los gasoductos realizada en 2005, descubrió que había otras doce empresas que habrían evadido el pago de impuestos por 40 millones de pesos empleando los supuestos servicios de empresas que no tienen existencia real y sólo constituyen fachadas que emiten facturas con comprobantes de gastos nunca realizados. De esta manera, las firmas que compran esas facturas pueden disfrazar la salida de dinero negro.
Antes de renunciar a la Justicia para convertirse en el ministro de Seguridad de Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad, Montenegro realizó una denuncia por cada una de esas doce empresas. Una de ellas era la constructora Gotti SA, de Santa Cruz, que en los últimos cinco años se benefició con 53 adjudicaciones de contratos para obras públicas en esa provincia, por más de 600 millones de pesos. En ocho casos, esos contratos fueron refrendados y financiados por la Subsecretaría de Obras Públicas, que depende del ministro de Planificación, Julio De Vido.
Gotti está estrechamente relacionada con Lázaro Báez, gerente del Banco de Santa Cruz durante la gobernación de Kirchner, con quien mantenía una estrecha relación, que se afianzó aún más desde entonces. Poco antes de asumir Kirchner la presidencia, Báez se asoció con uno de los hijos de Vittorio Gotti, dueño de la constructora y fallecido en 2004, para crear la firma Austral Construcciones, que en poco tiempo acaparó la obra pública de Santa Cruz junto con Gotti SA. Varias licitaciones las ganó Gotti asociado con Austral.
En su denuncia, Montenegro afirmó que Gotti SA registraba 21.382.000 pesos en gastos que no habría efectuado. La denuncia recayó en el juzgado de Aráoz de Lamadrid, quien habría encontrado indicios de que el empleo de facturas falsas habría sido mucho más generoso, porque entre 2002 y 2007 los posibles gastos falsos sumaron 128 millones de pesos, pero habría también 266 millones más en gastos cuyos comprobantes pertenecerían a empresas inexistentes. En total, habría 394 millones de pesos en gastos que no se habrían concretado.
El juez Aráoz de Lamadrid deberá determinar el destino de ese dinero, equivalente a un tercio de la facturación de Gotti entre 2002 y 2007. Por ejemplo, si ese dinero terminó en manos de los funcionarios nacionales y santacruceños que otorgaban las obras públicas a esa constructora.
Pero también sería de esperar que la justicia federal y la santacruceña -ésta, cuando recupere su independencia- saquen a la luz la verdadera trama de los genuinos dueños de estas y otras firmas florecidas durante la gobernación de Kirchner y su presidencia, así como sus vínculos con sociedades inexistentes pero útiles para maquillar el tránsito de dinero negro.
Editorial IFacturas "truchas" cerca de Kirchner
lanacion.com | Opinión | Martes 11 de noviembre de 2008

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